MenúLa diputada nacional Graciela Ocaña le puso nombre al sobrenombre. Ocaña vinculó al senador Aníbal Fernández con el caso del triple crimen de General Rodríguez, al sostener que se sospecha que era el político apodado “el morsa”, que daba protección a una de las víctimas dedicadas al tráfico de efedrina.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Mercedes, que condenó a prisión pepetua a los cuatro acusados del triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina remitió testimonios del expediente a la Justicia federal para que se investigue quien brindaba protección a los acusados de tráfico de efedrina.
Los dos pares de hermanos fueron condenados a prisión perpetua.
Según publicó el diario Clarín, «hay testigos que dicen que Forza le pagó 250 mil dólares a ‘El Morsa’ para frenar las investigaciones judiciales que tenía por adulterar medicamentos y otros negociados con remedios».
La diputada Ocaña, en declaraciones a Radio Mitre sostuvo que «lo que quedó en evidencia también es que hubo una protección dentro de la Aduana. Y hay un nombre que es de ‘El Morsa’, que es el que daba la protección política». «Sospechan que ese personaje es Aníbal Fernández», agregó.
«Yo no estoy imputando. Son las sospechas que muchos vinculan. El senador deberá ser el primer interesado en aclarar estos elementos y ponerse a disposición de la Justicia en esta nueva causa que se inicia», agregó la diputada por Confianza Pública.
Ocaña consideró que el envío de la causa a la Justifica Federal «es muy importante porque la importación de efedrina a partir del 2004 aumenta considerablemente su importación, que era de una tonelada y media o dos toneladas, y pasa a once toneladas en el año 2007».
En 2008, luego del triple crimen, Ocaña, que entonces era ministra de Salud, impulsó la prohibición de la importación de efedrina junto a Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.
También Elisa Carrió acusó al senador Fernández. «Desde hace años vinculo a Aníbal Fernández como el responsable político del triple crimen y hoy el fallo de la Mercedes parece darme la razón cuando le pide a la Justicia Federal que indague en el apoyo institucional al tráfico de efedrina», dijo Carrió.
El Toc Nº2 de Mercedes condenó el 20 de diciembre último a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Marcelo y Víctor Schillaci a prisión perpetua por los delitos de homicidio y privación iegal de la libertad agravados “por ensañamiento, alevosía y por la participación de más de dos personas”. Los cuatro condenados son de la zona de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, territorio político de Aníbal Fernández.
Durante la lectura del fallo los jueces Fernando Bustos Berrondo, Graciela Larroque y Marco Baski dijeron que las tres víctimas habían creado una sociedad “nueva” en los negocios espurios del mundo farmacéutico y describieron los roles. Forza era quien tenía “los contactos y conocimientos”, Ferrón conseguía la efedrina y Binna, por sus contactos con la Aduana, iba a encargarse de sacarla del país hacia México. Según los magistrados, el ideólogo del crimen fue Ibar Esteban Pérez Corradi, ex socio y financista de Forza, actualmente prófugo. “Le hacían sombra”, afirma el fallo.
Los jueces dijeron que Pérez Corradi contrató a uno de sus cómplices en los negocios: Martín Lanatta, de 38 años, y éste reclutó a su hermano, de 37 años, y a Marcelo Schillaci, de 31, y con tres armas de fuego registradas. Este último también sumó a su hermano, de 37.
En su declaración indagatoria Martín Lanatta dijo que trabajaba como una suerte de gestor en el Registro Nacional de Armas (Renar). Durante la investigación se probó que Lanatta era íntimo amigo de Alejandro Giancristóforo, ex secretario del ex titular del RENAR, Andrés Meiszner, vinculado con Fernández, quien dejó su cargo a fines del año pasado.
