| Crímenes de lesa humanidad

Fiscales piden indagar a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble

Es por la venta de Papel Prensa. El Ministerio Público sostiene que la familia Gravier fue obligada a vender bajo extorsión. Los acusan de persecución por motivos raciales.

Los fiscales quieren indagar al CEO de Clarín.

Los fiscales quieren indagar al CEO de Clarín.

El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales Generales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Guillermo Friele y Alejandro Alagia, presentaron al fiscal Eduardo Taiano un proyecto de dictamen para impulsar la investigación por la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A. que pertenecían al grupo Graiver.

La pieza concluye con la imputación por extorsión y por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, y el consecuente pedido de indagatoria para el director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá.

La presentación suscripta por los tres fiscales generales fue presentada a Taiano ayer por la mañana en los tribunales de Comodoro Py. En el escrito, Auat, Alagia y Friele brindan a su colega de instrucción un pormenorizado análisis de las pruebas y le proponen la imputación a los cuatro empresarios y al ex funcionario de la dictadura cívico-militar.

El proyecto de dictamen recoge el análisis realizado en abril de 2011 por los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, quienes por entonces postularon la incompetencia de esa jurisdicción para intervenir en la investigación pero enmarcaron los hechos en “una persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos”, todo lo cual constituye, explicaron, “un delito de lesa humanidad”.

Auat Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble “haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores”.

“La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados” la empresa Papel Prensa S.A., “que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país”.

Los fiscales sindicaron a Magnetto, Mitre y Podestá como coautores “en el desapoderamiento extorsivo”. A Magnetto y Mitre les corresponde esa figura “por haber participado como adquirentes”, mientras que a Podestá, por ser parte desde el gobierno militar “del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”. Guillermo Juan Gainza Paz y Ernestina Laura Herrera de Noble, en tanto, fueron imputados como “partícipes de la maniobra: el primero, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas; y la segunda, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación”.

“La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes”, añadieron los fiscales.

Aquel 2 de noviembre de 1976, reseñaron los tres fiscales, el hermano de David Gaiver -titular del grupo, fallecido  el 7 de agosto de 1976-, Miguel Isidoro Graiver, su viuda Lidia Papaleo, su padre y su madre, Juan Graiver y Eva Gitnacht, los contadores Osvaldo Benjamín Reinoso y Hugo Bogani, y los abogados Alfredo Ángel Abuin y Miguel Joaquín de Anchorena fueron convocados por Mitre, Magnetto y Patricio Peralta Ramos, presidente de La Razón, para firmar tres convenios de transferencia de acciones. También se encontraban presentes el contador y testaferro de David Graiver en Papel Prensa, Rafael Ianover, y su esposa, Hilda Noemí Copelman, a quienes Peralta Ramos les había prometido que “si firmaban la transferencia de acciones no les ocurriría absolutamente nada”.

En ese contexto, Lidia Papaleo “fue intimidada por el imputado Magnetto que le ‘ordenó que firmara para conservar la vida d su hija y la suya también’ y así suscribió ‘muchos papeles'”, sañalaron los fiscales citando el testimonio de la víctima.

Ianover firmó los documentos, según expresó, por “el temor y el terror que vivía en ese tiempo” a ser secuestrado. “No conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia”, indicaron los fiscales.

Uno de los convenios incluía la transferencia de acciones clases “C” y “E” -de propiedad del fallecido David Graiver-, que estaban en sucesión y que correspondían a su esposa, Lidia Papeleo, y a su hija menor de edad, María Sol Graiver.

Ese día se efectuó el pago de una suma menor al uno por ciento del precio de venta y el restante debía ser abonado a los noventa días, es decir, el 2 de febrero de 1977. Pero esa suma, resaltaron los fiscales, “recién habría sido entregada por los diarios” a un escribano el 19 de abril de aquél año, “una semana después de que se hicieran públicos los secuestros de los integrantes del grupo Graiver y el mismo día en que Jorge Rafael Videla los blanqueó mediante una conferencia de prensa ofrecida en el Comando en Jefe del Ejército”.

“El pago aludido por la defensa de la casi totalidad del precio de la venta de acciones se efectuó cuando los integrantes del grupo se encontraban secuestrados en el centro clandestino de detención llamado Puesto Vasco, en la provincia de Buenos Aires”, remarcaron los representantes del Ministerio Público.

También subrayaron que esa transferencia “nunca tuvo la aprobación” del juez a cargo de la sucesión y del asesor de menores que representaba en ese expediente los intereses de María Sol Graiver.

En el marco del expediente de sucesión el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) emitió un dictamen que indica que, según el tipo de cálculo que se realice, los compradores pagaron un precio de entre un 23 y 43 por ciento del real.

Los otros dos convenios firmados aquél día se refierieron a las acciones clase “A” -propiedad del Grupo Graiver- y fueron suscriptos por los contadores Reinoso e Ianover. Todos los convenios fueron rubricados también por Fapel S.A. -la sociedad que integraban los diarios- como compradora.

“Sin que a las víctimas se les permitiera vender el paquete de acciones mayoritario de la empresa a otros interesados, los firmanes fueron obligados a ceder su dominio a personas elegidas por la junta de dictadores”, indicaron Auat, Friele y Alagia.

Los fiscales enumeraron las “irregularidades que rodearon a la transferencia y que, consideradas conjuntamente, constituyen sólidos indicios”: “la imposición del precio de venta; la ausencia de tratativas y estudio previos sobre la empresa propios de esta clase de empresa; la falta de comparación con otras posibles ofertas; la falta de fondos de la parte compradora -Fapel S.A.- para afrontar el pago de las acciones; la cláusula que facultaba a la parte compradora a enajenar los bienes aún antes de terminar de pagarlos; la forma de pago -iniciada abonando menos del 1% del precio estipulado; el hecho de que los diarios recién depositaran el 98% del precio el mismo día en que Videla blanqueaba, en conferencia de prensa, el secuestro del grupo Graiver; y la ineficacia del convenio relativo a las acciones clase “C” y “E” para lograr su aprobación por parte del asesor de menores y del juez de la sucesión”.

“Todas estas condiciones, adversas a la posición de los vendedores, resultan difíciles de explicar como no sea a través de la coerción y el apremio. De otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija”, concluyeron los fiscales, según informó el sitio de la Procuración General de la Nación.