La eliminación de la reincidencia y de la prisión perpetua parecen ser los cambios principales en el proyecto del nuevo Código Penal encargado por la presidenta Cristina Fernández a una comisión especial, y que se trataría este año en el Congreso.

La comisión creada para la elaboración del texto, encabezada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni e integrada por Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (Partido Socialista) y el ex camarista León Arslanian se reunió una vez por semana para su discusión, y ha introducido modificaciones que pretenden, entre otras cosas, establecer penas más leves, añadir una serie de delitos no contemplados por el código actual y unificar unas 400 leyes que hay dispersas en un único código.

La condena a cadena perpetua, por ejemplo, dejaría de existir. En su lugar, se impondrán penas de hasta 30 años si se consideran delitos contra la humanidad. Algunos sectores de la Justicia advirtieron que es inconstitucional la eliminación de la cadena perpetua, más allá de que el proyecto divida a los delitos en «graves y gravísimos».

La tenencia y el cultivo de drogas como el cannabis no serán penadas, y se impondrán castigos a quienes contaminen. La idea de violación tendrá un sentido más amplio, se considerará la felatio y los ataques sexuales en el matrimonio. Las empresas podrán ser responsabilizadas penalmente y se amplíarán las definiciones de casos de corrupción.

El aborto es un tema central: se acordó aclarar el texto anterior de los casos en los que se permite la práctica, ya que era confuso, pero no se avanzó en la despenalización. Este freno fue fruto de un acuerdo de Zaffaroni con la presidenta Cristina Kirchner, que siempre se pronunció en contra de la interrupción de embarazos. El texto estará acorde a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible, sin contar con una autorización judicial previa. Pinedo pidió que se permita el aborto una vez que esté iniciada la acción penal por la violación y no con la simple declaración de la mujer abusada, pero no fue atendido.

El concepto de «peligrosidad» ya no tendrá vigencia, y la «asociación ilícita» solo será aplicable para delitos graves. Además, se incorporan delitos informáticos y habrá un título específico para delitos ambientales, como el de contaminación. También se castigarán los ataques a la flora y la fauna.

El «cohecho» o soborno internacional será incorporado al nuevo ordenamiento penal. Habrá nuevas variables del «peculado» (sustracción de fondos públicos) como el «peculado de uso», cuando un funcionario utiliza en beneficio propio un servicio prestado por la administración pública, y el «peculado culposo» para quien no controla debidamente y permite el robo de fondos. También se prevén penas para los funcionarios que se aprovechan de información que no es de acceso público para obtener beneficios económicos. El Código incluye también el cohecho entre privados, común en operaciones bursátiles.

La comisión redactora del proyecto trabajó sobre el tema desde mediados de 2012, reuniéndose semanalmente en un salón de la Corte Suprema de Justicia.