El Gobierno quiere ratificar a Sbatella en su cargo por cuatro años.

Es innegable que los tiempos de feria judicial resultan atractivos para el juez federal Claudio Bonadío. En julio último intentó meter preso a Ricardo Jaime y lo arrastró a la condición de prófugo. El lunes apuntó los cañones sobre José  Sbatella, actual número 1 de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a quien el Gobierno se prepara para confirmar durante otros cuatro años en el cargo. Como siempre en el caso de Bonadío, nada es inocente ni aleatorio rasgo que guarda relación con la lamentable estadística de ser el juez con mayor cantidad se resoluciones revocadas por la Cámara Federal.

El supuesto allanamiento a la UIF ordenado la semana pasada debe entenderse a partir de sus distintos significados. Bonadío en realidad envió dos oficiales de su juzgado con oficios pero el lunes a la noche filtró a la prensa que había sido un allanamiento, justo cuando el Gobierno quiere confirmar a Sabatella en el cargo. De esa forma, el tema del procedimiento se ganó la tapa de Clarín.

Es sabido que Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral se están transformando, siempre de la mano del fiscal Guillermo Marijuan, en  los principales referentes del incipiente massismo  en el fuero federal.  Sin embargo, las balas hacia Sbatella no partieron de allí sino de escritorios más selectos, aquellos que se erigen en la cima de la plaza bancaria local.

Sbatella está impulsando, en voz muy baja,  en el fuero contencioso administrativo una serie de expedientes por lavado de dinero que afecta a gigantes del sector bancario como el HSBC, Citibank, Macro y Galicia, entre otros.  Los titulares de esas entidades están inquietos y no dudaron en acudir a Jorge Brito, quizá el banquero que más gente conoce en los tribunales de Retiro. Brito no tiene trato  personal con Bonadío pero tiene línea directa con Ariel Lijo y, ya es sabido, con Massa.

La ofensiva del sector empresario contra Sbatella – comenzó a tomar fuerza el fin de semana en el diario La Nación – se esconde tras argumentos más “institucionales”, como el sobreactuado malestar por el hecho de que Sbatella no ha logrado sacar al país de las listas del GAFI y  que se ha alejado aún más desde que se promulgaran las leyes de blanqueo. Sin embargo, este funcionario no tiene responsabilidad sobre lo primero (el GAFI ahora pide condenas judiciales, no más reglamentos) y menos sobre lo segundo que fue la consecuencia del escándalo en el que sumió al Gobierno el caso Lázaro Báez.  Sí se le puede achacar a Sbatella cierta lentitud para activar pedidos de informes que descansan en su oficina.

Los movimientos del juez tuvieron efecto y ya hoy la oposición se agrupa para eyectar al jefe del GAFI. Nada es eventual: hace algunas horas se conoció un pedido de multa por 1.600.000 pesos al Banco Macro por haber omitido información sobre operaciones sospechosas. Es la entidad que preside Jorge Brito.