Por Juan Ortíz Freuler*

En los últimos años, los jueces, fiscales, defensores, políticos, académicos y formadores de opinión han estado discutiendo acerca de la necesidad o conveniencia de una serie de reformas al Poder Judicial.

Sin embargo, en este contexto se ha dado especial énfasis a la cuestión de la estructura, composición y organización de los Consejos de la Magistratura, encargados de la selección y remoción de jueces y se han opacado discusiones más concretas pero igualmente significativas para la consolidación de la legitimidad del Poder Judicial: en particular, la efectividad y transparencia de los mecanismos específicos de selección de jueces.

Cómo se estructura un proceso de selección de jueces, qué tipo de evaluaciones lo componen, cuál es el rol de las evaluaciones de idoneidad profesional y de las evaluaciones políticas en el proceso, etc., son preguntas que deberían ser atendidas en cualquier debate sobre el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial.

En la Argentina, todas las provincias salvo Jujuy cuentan con un organismo de características similares al Consejo de la Magistratura de la Nación, que entre otras funciones supervisa los procesos de selección de jueces.

Los sistemas de selección existentes son abiertos y competitivos, y tienen por finalidad proveer a la selección de los candidatos más idóneos, y con los más altos estándares de integridad moral y capacidad técnica. A su vez, en todos los procesos está prevista una instancia de entrevista donde se analiza el perfil del concursante.

El proceso de selección de jueces es –por ende- un momento de gran trascendencia: a diferencia de lo que sucede con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los miembros del Poder Judicial, no obtienen su legitimidad a partir de un proceso de elección democrática. Bajo el modelo actual la legitimidad del Poder Judicial descansa en la Constitución y las cualidades de idoneidad e integridad de sus miembros.

En la mayoría de las jurisdicciones se observa un fuerte cuestionamiento a la legitimidad de muchas decisiones provenientes del Poder Judicial, y una desconfianza pública hacia los sistemas de selección de magistrados vigentes. Es imprescindible que desde los propios Consejos de la Magistratura se comiencen a trazar planes a corto, mediano y largo plazo para revertir esta situación. Estos planes deberían incluir no sólo una amplia convocatoria a la participación ciudadana en los procesos de selección de jueces, sino que deben ir de la mano de mecanismos para mejorar la comunicación institucional del Poder Judicial, lo cual debería incluir desde capacitaciones a periodistas, hasta una modificación del lenguaje con el que se comunican las decisiones. Hace falta un compromiso serio de que tanto los procesos de selección como las sentencias sean accesibles y comprensibles por cualquier persona.

Por otro lado, es imprescindible que la ciudadanía asuma un rol activo y proactivo en lo vinculado al quehacer del Poder Judicial. Los jueces son actores que inciden en las políticas públicas (pueden declarar inconstitucional una ley, detener el avance de una obra pública, etc), todo lo cual impacta en la vida diaria de las personas. Las características del rol que cumplen hacen que los actores de poder (político y económico) tengan fuertes incentivos para incidir en los resultados de los procesos de designación con el objetivo de que se designe a profesionales afines, quienes –por otro lado- si son designados a partir de estas “gestiones” quedarían en deuda con dichos actores políticos o económicos. Si esto sucediera, la capacidad del juez designado de fallar de acuerdo a su conciencia, los hechos y la normativa aplicable podría quedar limitada, limitando así la legitimidad de la sentencia resultante, y la del Poder Judicial como órgano encargado de resolver conflictos.

Si bien en algunas provincias han avanzado con medidas para contener o revertir estos incentivos a través de mecanismos de transparencia en los sistemas de concursos, aún se observan una serie de deficiencias significativas, que amenazan la credibilidad pública en los procedimientos, exacerban la discrecionalidad y debilitan las garantías de equidad y debido proceso en la selección.

Sin embargo, al mismo tiempo existen muchas medidas disponibles y de fácil implementación para fortalecer la legitimidad de los procesos de selección; algunas de las cuales han sido puestas en práctica en diversas provincias y podrían significar una valiosa contribución. Entre ellas se puede mencionar la apertura de instancias para la presentación de impugnaciones por parte de la ciudadanía, la posibilidad de que cualquier persona presente preguntas a ser formuladas a los concursantes en el contexto de una entrevista personal, difusión online de las entrevistas personales, entre muchas otras.

El resultado de un buen proceso de selección, abierto, transparente y participativo, es un magistrado cuya idoneidad técnica ha sido demostrada en las etapas técnicas, que deberían ser evaluadas por expertos y contar con mecanismos para garantizar igualdad de oportunidades entre los concursantes, un CV que fue ampliamente difundido y abierto a comentarios de cualquier persona. A su vez, un buen proceso de selección termina seleccionando a un Magistrado cuyo perfil fue debatido ampliamente en el marco de una entrevista abierta, en la cual cualquier ciudadano puede presentar preguntas, y para la cual se convoca tanto a especialistas como ciudadanos comunes.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) promovemos la creación de mecanismos que mejoren la capacidad de control ciudadano sobre la cosa pública, una promesa  aún pendiente de la institucionalidad democrática, particularmente visible en lo vinculado al Poder Judicial. Por eso asumimos la tarea de abrir datos al público, por eso creamos espacios para involucrar a la ciudadanía en la promoción de reformas que mejoren los procesos de selección y los acerquen a la ciudadanía.

*Integrante de ACIJ.