Muy comentada fue en Salta la decisión de la Corte de Justicia de esa provincia que dejó al senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero al borde del juicio. El máximo tribunal provincial decidió que el legislador puede ser llamado a prestar declaración indagatoria como imputado en tres causas: una por el uso con fines de lucro de datos reservados y otras dos por fraude a la administración pública. La defensa de Romero había pedido que se aplicara el código de procedimientos de la provincia en desmedro de una norma nacional, la llamada Ley de Fueros. El voto mayoritario de los jueces sostiene en los casos que afectan a Romero resulta aplicable la citada ley 25.320, «porque el imputado es un senador de la Nación y que el artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de las leyes nacionales respecto de las provinciales». Recuerda la Corte de Justicia de Salta que el artículo 1º de la ley 25.320 establece que el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad y aclara que «en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio». El hombre fuerte de la provincia cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.