Por Javier Moral*

El epicentro de la investigación del juez Claudio Bonadío fue el accidente del 22 de febrero, pero que en realidad comenzó a perpetrarse mucho antes, siendo su punto de partida el inicio de la concesión de TBA.

Este es el claro consecuente de diversos antecedentes que no se debieron haber producido, sino por una intencionalidad directa de engrosar los propios bolsillos en demérito de la vida humana. Para ello  hubo participación del Estado al no haber dado cumplimiento a los mecanismos de control, inclusive abarcando responsabilidad de los sindicatos.

El juez federal Claudio Bonadío advirtió que desde el inicio de la concesión se conformaron sociedades las cuales carecían de toda experiencia en el manejo de sistemas ferroviarios, quienes por su simple asesoramiento percibían fondos, los que eran los subsidios que el Estado enviaba, al no poder TBA elevar el monto de la tarifa por viaje. Esas Sociedades Anónimas -COMETRANS- sólo percibían como único ingreso el de los fondos de TBA y contaban únicamente con 12 empleados, siendo que asesoraban a TBA la cual poseía mas de 4.500.

Esta forma de aprehensión de los fondos que el Estado enviaba como subsidios, no tenían otro destino que el engrosamiento de los fondos de directores de dicho conglomerado societario, lo cual se demostró con los pagos de tarjetas corporativas por sumas exhorbitantes totalmente ajenas al objeto societario de TBA -gastos de vinotecaWinery por $54.000.- u$S 12.000.- en carteras, $3.000.000.- en vuelos privados para presidente y vice.

Ningún gasto se realizó en las formaciones, a pesar que Cirigliano trató de establecer que habían intentado producir trenes de doble techo, señalización automática, soterramiento, pero que estos no pudieron ser completados, debido a los conflictos sindicales y a medidas cautelares.

Una pésima administración que no concretó ni uno sólo de los proyectos -en su indagatoria manifestó elaborar un punto debajo de ONCE para estacionar colectivos, un final de trocha en puerto madero, un monoriel en la Panamericana, el cerramiento automático de las puertas, cámaras de seguridad en los vagones y andenes, etc.

Por todo ello entiendo que el accidente era un destino cierto, el que se iba a producir mas tarde o temprano, pero ciertamente iba a ocurrir, producto de la negligente manutención del material rodante. Entiendo que se llegó a determinar la columna vertebral de las responsabilidades, pero aún se debe ampliar por encima y por debajo, puesto que hubo también diversos roles que no han sido investigados. Por ello la imputación de descarrilamiento junto con asociación ilícita luce por demás adecuada, al igual que la de incumplimiento de los deberes a su cargo para el caso de los funcionarios públicos.

No obstante apelaremos los procesamientos de los funcionarios, por entender que la calificación enrostrada debió también ser en concurso real con el descarrilamiento y no sólo con los deberes de funcionario público por no haber controlado, lo cual sin lugar a dudas elevaría el monto mínimo de condena.

* Abogado penalista Querellante Grupo 2, familiares tragedia de Once.