Por Gustavo Ferrari*

Dentro de un paquete de iniciativas legislativas entre las cuales reconozco algunas que contribuirán a la transparencia y modernización de la Justicia, existen tres que son las medulares para que el Gobierno termine de avanzar sobre la independencia del Poder Judicial y logre blindar su proyecto de construcción de un poder ilimitado, hegemónico y perpetuo.

Aquel proyecto que propone crear nuevos Tribunales de Casación no solo permitirá que el Gobierno los cubra con jueces adictos -a través del nuevo Consejo de la Magistratura- sino que constituirá también una instancia más, previa a la Corte Suprema, una nueva Corte que dejó de ser un mérito del modelo tan pronto como se comprobó su independencia.

Ello, además de licuar el poder de la Corte, importará una mayor burocratización y lentitud de la Justicia que será particularmente sensible en el Fuero de la Seguridad Social, donde nuestros mayores esperan años para obtener una sentencia contra un Gobierno que, pese a la doctrina del Máximo Tribunal, apela consuetudinariamente todos los fallos de reajuste.

El Proyecto que busca restringir las medidas cautelares contra el Estado -y que debe interpretarse junto con la eliminación de la responsabilidad de los funcionarios públicos introducida en el nuevo Código Civil-, un recurso que reconoce su génesis en la necesidad de proteger a los más débiles frente al abuso de los más poderosos, no sólo rompe la igualdad de todos ante la Ley sino que además termina de colocar en inferioridad de condiciones a los particulares, obstruyendo la tarea de los jueces de controlar la legitimidad y constitucionalidad de los actos de gobierno.

Pero sin lugar a dudas el proyecto más peligroso, porque incide en la independencia de todos los jueces, es aquel que busca politizar la Justicia a través de la designación por voto popular a los integrantes de Consejo de la Magistratura -el órgano que tiene la sensible tarea de designar y remover magistrados-, lo que convierte a una institución integrada por legitimaciones cruzadas y cuya inserción constitucional está en la esfera del Poder Judicial en una que responderá al poder político y al sufragio popular.

Fue la propia Presidente la que en su anuncio desenmascaró, quizás sin quererlo, su voluntad de controlar a la Justicia cuando le asignó al Consejo de la Magistratura el rol de “conducir y dirigir políticamente a los jueces”, justamente todo lo contrario a lo que pretende la Constitución.

En un contexto social en el que miles de argentinos han perdido todo por el temporal y por la desidia del Estado e inmersos en una realidad política de permanente recorte a las libertades individuales, lo que nos obliga a garantizar el más amplio acceso de los ciudadanos a la tutela pronta y expedita de la Justicia, estos proyectos no hacen otra cosa que desprotegerlos aún más frente a la voracidad de un Gobierno que no reconoce limites institucionales.

*Diputado nacional.