Por Maximiliano Rusconi

En el derecho penal de la Constitución Nacional rige un principio de legalidad que exige que las leyes sean aplicadas para actos futuros a la sanción de la ley. En la famosa causa de “las fotocopias de los cuadernos quemados en la parrilla por el arrepentido colaborador”, se aplica la ley 27.304 de modo retroactivo.

En la misma (art. 276 bis): “se reprime con prisión de cuatro 4 a 10 años a quien proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. Que hay información falsa ya está demostrado. Pero nada ha sucedido.

En el mundo jurídico se sabe que nadie puede ser investigado sino a través de la reconstrucción de un hecho preciso, definido de modo claro, relacionado de modo visible con una figura penal. En todas las causas llamadas de “obra pública”, “vialidad”, “rutas del dinero”, etc, no hay ni de lejos un hecho definido, a los funcionarios se les imputa el haber ejercicio la función pública que se trate; responsabilidad objetiva: violación al principio de culpabilidad.

Los llamados “delitos de funcionario público” como el cohecho, la malversación de caudales públicos, etc, son dolosos en general, es decir, hay que demostrar que el sujeto funcionario conocía y tenía voluntad de realizar el hecho atribuido: en “el código que rige en Comodoro Py”, ello no hace falta probarlo, alcanza con que un aprendiz de juez coloque en algún lugar de las vergonzosas resoluciones que el funcionario “no podía desconocer”, o “debió informarse”.

Durante el proceso la regla es la libertad, el imputado tiene derecho a defenderse en libertad. Los virreyes de la justicia federal han instalado que cualquiera puede ir preso si para el juez eso es necesario: para castigar a un sector político, para generar espectáculos que oculten las malas noticias económicas del gobierno de turno, o para lograr que el encerrado se quiebre y delate (sincera o mentirosamente) a un “pez más gordo”.

Todos sabemos que es de buena República que ni el Presidente, ni el ministro de Justicia, ni diputadas imprudentes opinen sobre cómo deben terminar los casos judicializados, y mucho menos festejar las penas o las prisiones preventivas. Sin embargo, nuestra Argentina de hoy no sería la misma sin estos desatinos cotidianos.

Ahora bien, parece que este espanto no alcanza. Es claro que, no podríamos vivir si no rigiera en casi todo el mundo un principio de personalidad de las penas. En todo caso, será investigado el funcionario, pero ni el más mezquino, ni el más miserable de los miembros del ejército de exterminio del opositor político se le hubiera ocurrido perseguir injustamente a los hijos, a la esposa, a los hermanos, a la familia del enemigo, como estrategia para doblegar sí o sí al perseguido. En la Argentina de hoy ello ya está pasando. Gobierno y “justicia federal” se han dejado seducir por la amenaza a los ex funcionarios, incluso escandalosamente encarcelados, de que caigan las siete plagas de Egipto sobre esposas e hijos.

O, como lo denuncia un juez federal ahora, los actores de la inteligencia gubernamental se han infiltrado en la defensa de los hijos de algún empresario para mentir sobre la responsabilidad de la ex presidenta. El juez, saludablemente, quiere investigar. Hubiera sido muy sano también que su espíritu inquisitivo se hubiera mostrado tan inquieto cuando desde otro ministerio se le inundó el juzgado de mentiras sobre el sometimiento del empresario a la justicia y se falsearon hechos para instalar fraudulentamente un peligro de fuga, lo que luego determinó una prisión preventiva tan escandalosa como ilegítima. Doble vara.

En su dolorosa terapia intensiva de tres meses, mi madre sufrió tanto su enfermedad como el asco que le generaba lo que hoy está sucediendo. A pesar del orgullo de madre que le provocaba mi trabajo, creo que a ella ya no le gustaba tanto que uno fuera un abogado defensor en un sistema sin ninguna regla. En el fondo ella esperaba ver en vida a un arrepentido, pero un arrepentido judicial, alguien que, por ejemplo, renunciara a los gritos y dejara de ser cómplice de este desastre. Mi madre falleció… todo sigue igual.

* Profesor Titular (UBA). Doctor en Derecho. Miembro Fundador Iniciativa Justicia.

Fuente: Página 12.