Por Nicolás Durrieu

Amnistía Internacional recientemente difundió su índice de percepción de la corrupción (IPC) de 2017, en donde se aprecia que la Argentina no solo mejoró su puntuación en comparación con la de 2016, sino que también es la mejor marca obtenida desde al menos 2012, fecha en que se modificó la metodología. Algo más para destacar es que el país superó a Brasil por primera vez desde 1996.

Obtuvimos una puntuación de 39 sobre 100, lo que ubicó a nuestro país en el puesto 85 entre los 180 analizados (siendo el 1 el menos corrupto). El IPC es la medición más prestigiosa y conocida en el mundo relativa a la corrupción del sector público y se basa en diversas fuentes y estudios de especialistas de cada país.

Aunque el puntaje obtenido sigue siendo preocupantemente alto, y eso se evidencia en que estamos por debajo de la puntuación media mundial (43), puede apreciarse que vamos por el buen camino si tomamos los datos históricos obtenidos por ese índice. Cabe destacar que en los últimos dos años -casualmente con el actual gobierno- se revirtió la tendencia negativa de la última década.

Asimismo, al cabo de dos años de gestión se redujeron la burocracia y la discreción de la administración pública -ámbito propicio de corrupción- y se revitalizaron los roles de organismos centrales en la lucha contra este flagelo, tales como la función de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. En el orden de la provincia de Buenos Aires, se limitó la reelección indefinida de los intendentes y se creó una oficina anticorrupción.

Más allá de las motivaciones éticas que pueda tener una persona o gobierno, desde un punto de vista utilitarista se encuentra demostrado que la corrupción hace ineficiente al Estado y ahuyenta a los grandes capitales internacionales que quieren invertir y generar trabajo en el país.

La Argentina se encuentra en un proceso de apertura al mundo, por lo que debe adoptar los estándares internacionales en materia económica, pero también en calidad institucional. Las dos van de la mano y así lo entiende el gobierno actual, lo que se ve reflejado en la mejora en la puntuación del índice de Transparencia Internacional.

Magíster en Derecho Internacional Penal por la Universidad de Georgetown y exconsultor de las Naciones Unidas contra las drogas y el Delito