Por Marcelo Zlotogwiazda

El Gobierno está manejando el proyecto de reforma tributaria con extremo sigilo. «No voy a decirte nada sobre ese tema; lo estamos debatiendo y todavía no hay nada concreto», responde elusivamente un funcionario que tiene activa injerencia en el asunto, y que ante otras consultas en privado siempre había sido mucho más abierto. En este caso domina la reserva.

De todas maneras, hay varias pistas que han dejado circular y versiones no desmentidas. Se sabe que la reforma que están elaborando plantea cambios graduales con un horizonte de cinco años. Fue de lo poco que anticipó Nicolás Dujovne. Algo más de ese poco: el ministro de Hacienda también dijo que los cambios previstos están condicionados al objetivo de continuar reduciendo el déficit fiscal primario, de lo que se deduce que no habrá cambios drásticos. La contención del rojo presupuestario figura primera en la lista de prioridades del Gobierno. Mauricio Macri fue muy claro: «Si alguien no se ocupa de bajar el déficit, esto no va a andar».

Además de lo explícito hay trascendidos. Entre los más repetidos, aunque no confirmados, se destacan que la reforma contemplaría alguna rebaja de aportes patronales, la eliminación del tope que rige para el aporte personal, cambios en el impuesto al cheque, eliminación de exenciones al IVA, alguna nueva imposición a la renta financiera, el intento de acordar con los gobernadores cambios en Ingresos Brutos, y una rebaja en Ganancias para las empresas que reinviertan utilidades, entre otros rumores.

De lo que no se ha dicho ni ha trascendido nada es acerca de los impuestos patrimoniales, que son los más adecuados para dotar de progresividad a una estructura tributaria que peca por lo contrario, pero que recaudan demasiado poco, tanto a nivel federal, provincial como municipal.

A nivel nacional el ejemplo más ilustrativo es el de Bienes Personales. Siendo el único gravamen a los activos, recauda cifras ridículamente bajas y, encima, con tendencia declinante. En 2015 representó tan sólo el 1,8 por ciento del total de ingresos tributarios. El año pasado recaudó un 7,3 por ciento más cuando la inflación fue de alrededor del 40 por ciento, con lo cual su participación se acortó al 1,4 por ciento del total. Y en los primeros siete meses de este año la recaudación disminuyó un 13,8 por ciento en valores corrientes, lo que redujo su gravitación a un insignificante 0,7 por ciento. En resumen: un impuesto que en 2015 ya incidía muy escasamente, desde entonces bajó su importancia a menos de la mitad.

Las provincias cobran el impuesto a la propiedad de inmuebles y autos. Con el primero sucedía lo mismo que con Bienes Personales: recaudaban poquísimo y con una tendencia declinante. Algunos ejemplos:

1.- En la provincia de Buenos Aires el Inmobiliario pasó de representar el 16,8 por ciento del total de ingresos tributarios en 2001, a 11,1 por ciento en 2005; siguió cayendo hasta 6,5 por ciento en 2010 y tocó un piso de 5,5 por ciento en 2015. Es tan escaso lo que recauda que ni siquiera alcanza el monto de lo que ingresa por patente automotor, lo que resulta absurdo si se considera que el valor de todos los inmuebles de la provincia es enormemente superior al de los autos: en 2015 el ingreso por patente fue un 30 por ciento mayor que por Inmobiliario.

2.- En Mendoza la porción del Inmobiliario en el total era del 12,7 por ciento en el año 2000 y fue disminuyendo hasta un ultra-mínimo de 3,9 por ciento en 2015. También se da el absurdo de que el impuesto automotor recauda un 80 por ciento más que el Inmobiliario.

3.- En Córdoba el Inmobiliario redujo su participación del 17,9 por ciento en 2005 a 11,7 por ciento en 2016.

Lo novedoso, al menos en estas tres provincias, es que la tendencia se revirtió recientemente. En Buenos Aires la recaudación del Inmobiliario de los primeros siete meses de 2017 aumentó 57 por ciento respecto de igual período del año pasado, con lo cual subió su participación relativa. Algo similar ocurrió en Córdoba y Mendoza.

Si bien el cambio de tendencia debe ser bienvenido, los puntos de inflexión eran tan bajos que el camino hasta alcanzar niveles razonables de imposición a la propiedad inmobiliaria es larguísimo.

Por lo que se ha dicho, por lo que trascendió y por la idea imperante e indiscriminada de que en la Argentina hay elevada presión tributaria, no hay mucho que esperar en cuanto a que la reforma tributaria contemple una mayor imposición a los activos o al patrimonio. Ni tampoco que se grave la herencia o la transmisión gratuita de bienes, tal como descartó una alta fuente de Hacienda. Lo observado desde que asumió Macri tampoco alienta expectativas de un giro progresivo en esta área.

A nivel provincial el panorama es algo diferente. La intención del Gobierno nacional de disciplinar fiscalmente a las provincias y la presión para atenuar el peso de Ingresos Brutos, son fuerzas que empuja a los gobernadores hacia una mayor carga sobre la propiedad inmueble. De hecho, en el preacuerdo para una ley de Responsabilidad Fiscal que firmaron Dujovne y sus pares provinciales figura el compromiso de éstas de no incrementar la presión impositiva sobre el trabajo, la producción y el financiamiento, pero quedaron fuera de esa restricción los impuestos patrimoniales.

Un artículo publicado en Financial Times a comienzos de agosto preguntaba qué enseñanzas se pueden aprender de Japón para enfrentar los problemas del capitalismo occidental. Mencionaba que una de las razones por las que la sociedad japonesa es mucho más igualitaria es que cobra más impuestos a los ricos. El ejemplo que citaba es impactante: a partir de una herencia de 5,4 millones de dólares pagan una tasa del 55 por ciento.

Esa es la tasa máxima. Si la herencia fuera de un millón de dólares pagarían 40 por ciento. Y 20 por ciento por un legado de medio millón.

Fuente: Ambito.com