Gils Carbó dice que la Corte desconoce la ley.

«No puedo descontar Ganancias a los fiscales porque la ley me lo impide y esto es lo que me llama la atención, porque un Supremo Tribunal no puede ignorar esto», dijo esta mañana la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó, al referirse a la polémica que se inició entre la Corte Suprema de Justicia y la Procuración por el pago del impuesto a las ganancias.

La procuradora aclaró que «por eso pedimos dialogar, por la modificación de la acordada (que estableció la exención del pago de ese impuesto) que es la única manera de que todos paguemos porque tenemos el deber de respetar la equivalencia establecida por la ley». Gils Carbó afirmó que ella defenderá la ley «en todo momento no sólo porque la ley lo exige sino porque, si no, parece que se está queriendo que haya magistrados de primera y magistrados de segunda».

La Procuración envió la semana pasada una carta a la Corte en la que pedía que se realizara una reunión entre las dos instituciones para que se comience a tributar el pago al impuesto a las ganancias. Una ley sancionada en 1996 dispone que jueces y legisladores pague el tributo pero la medida quedó sin efecto por una acordada dictada por la Corte ese mismo año.

«Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución», sostuvo Gils Carbó, en diálogo con Radio del Plata, y afirmó además que «el artículo 114 (de la Carta Magna), indica que los fondos (del Poder Judicial) debe administrarlos el Consejo de la Magistratura».

En este sentido, remarcó que si bien ella sostiene que ese cuerpo «está cooptado por la corporación judicial y debe ser modificado para que funcione», se trata de un órgano que «es más garantía para la ciudadanía del manejo de fondos».

Por otro lado, sostuvo que la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias para integrantes del Poder Judicial implicaría que «para muchos funcionarios y empleados un descuento abrupto que puede llegar hasta a un tercio del salario», por lo cual consideró que existe «una presión legítima que se está ejerciendo desde abajo y que seguramente la Corte quiere atender».