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Locademia de pilotos, paritarias a control remoto y extraños derrames del tarifazo

Por Alejandro Bercovich

El mail que envió Federico Sturzenegger a una docena de economistas amigos la semana pasada quedó sepultado por la realidad en cuestión de días. Daniel Artana, José María Fanelli, Nicolás Gadano, Daniel Marx, Miguel Kiguel, Eduardo Levy Yeyati, Bernardo Kosacoff y hasta el ministro Nicolás Dujovne recibieron en sus casillas un mensaje que los convocaba a asumir “una participación más activa” y “pública” en la defensa del tope del 18% que el Gobierno todavía busca imponer a las paritarias. El jefe del Banco Central ya les había pedido lo mismo en persona días antes, esperanzado en que la influencia del grupo sobre las expectativas económicas de los empresarios ayudaría a contener el rebrote inflacionario que ayer confirmó el INDEC. Jamás imaginó la dimensión que alcanzarían las movilizaciones de los docentes el lunes y de la CGT el martes. Menos aún que ese desborde y la abochornante huída del escenario a la que se vio forzado el triunvirato de la CGT heriría de muerte la legitimidad de la cúpula sindical.

Como el torniquete monetario y el dólar clavado a fuerza de quemar las divisas que se piden prestadas en el exterior no alcanzan a compensar el derrame sobre todos los demás precios de los aumentos de agua, gas, luz, naftas y peajes, el equipo económico se ve forzado a apelar a herramientas antiinflacionarias menos ortodoxas. Una es la coordinación informal de expectativas por mail, curioso giro de la autonomía del Banco Central. Otra, también disimulada, es una novedosa imputación de los aumentos de tarifas en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que disparó una nueva interna en un INDEC donde el clima volvió a enrarecerse.

Sin llegar al paroxismo de Guillermo Moreno, quien sin siquiera disimular era capaz de alternar imperturbable durante casi un año entre inflaciones mensuales dibujadas del 0,6 y el 0,7%, el INDEC estimó en enero un aumento del costo de vida del 1,3%, muy inferior al calculado por consultoras, gobiernos y centros de estudios independientes. ¿Qué lo mantuvo tan abajo? El capítulo “vivienda y servicios básicos”, que incluye a las tarifas y que según sus encuestas se mantuvo clavado en cero durante el primer mes del año. El gobierno porteño, del mismo signo político, informó una inflación del 1,9% para el mismo mes y un incremento del 2,4% en ese mismo rubro. El de Santa Fe, que calculó un 2,1% de alza general, anotó un 6% arriba en el renglón de la controversia.

Ayer, al informar la inflación de febrero (un 2,5% demoledor para el tope salarial), el INDEC pareció compensar esa subestimación de enero y admitió un aumento del 8,4% en el costo de la vivienda y los servicios. El número de enero se había difundido durante las vacaciones de la matemática Marcela Almeyda, una técnica intachable desplazada por Moreno que el Gobierno repuso al frente del área. El director técnico del INDEC, Fernando Cerro, un sobreviviente de la gestión kirchnerista reciclado gracias a su llegada a Rogelio Frigerio, convalece desde hace dos semanas por un pico de estrés.

Bajo costo, alto escándalo

Mientras sigue sin dar a conocer las normas con las que prometió evitar nuevos conflictos de intereses como el de la deuda del viejo Correo Argentino, el Presidente debió poner en suspenso la concesión de rutas aéreas a Avian S.A., la compañía continuadora de la aerolínea familiar MacAir, en la cual la multinacional Avianca declaró públicamente anteayer no tener participación accionaria alguna. Fue después de una tensa conversación entre el dueño de Avianca, Germán Efromovich, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Todo terminó en la confusa eyección de Carlos Colunga, el piloto histórico de Franco Macri, de la vicepresidencia de Avian S.A.

El gobernador peronista tucumano Juan Manzur, uno de los más entusiastas defensores del desembarco de las low cost en el país, declaró luego de que se suspendiera la asignación de las rutas que ello “no afecta en absoluto la llegada de Avianca, solo la demora un poco”. Y estimó, en diálogo con La Gaceta, que eso se producirá en agosto. Sabe que sus coterráneos celebrarían un abaratamiento de los vuelos a Buenos Aires, aun cuando eso supusiera una jibarización de Aerolíneas Argentinas.

De lo que no llegó a enterarse Manzur en su visita relámpago a Buenos Aires es que, también anteayer, la empresa estadounidense Engage radicó una demanda en los tribunales estadounidenses de Florida por u$s 522.418,87 contra el Estado argentino a raíz de un contrato gestionado por Carlos Cobas, empleado desde hace más de diez años de MacAir según los registros de la seguridad social y a la vez funcionario de la secretaría general de la Presidencia a cargo de la movilidad presidencial. Detrás de esa demanda asoma -al menos- un nuevo conflicto de intereses.

Engage reclama al Estado que cumpla con el compromiso que gestionó Cobas y que firmó la subcoordinadora de Asuntos Presidenciales, María Lucía Bonetto, de pagarle u$s 764.189 por el viaje de ida y vuelta del Presidente a Colombia, en septiembre pasado, en un Airbus ACJ319 que el Gobierno se mostró interesado en adquirir como reemplazo del Tango 01. Engage pedía u$s 39,9 millones por esa aeronave, que hizo traer desde Singapur, y pactó cobrar esos u$s 764.189 por el vuelo de prueba en caso de que la venta no se concretara. Pero Cobas elevó formalmente al secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis una oferta de otro intermediario por el mismo avión: la suiza Comlux, que pedía u$s 46 millones.

Según la demanda judicial de Engage, a la que accedió BAE Negocios, sus competidores suizos de Comlux “fueron asistidos en sus gestiones por Carlos y Diego Colunga”. Diego, el hijo del piloto histórico de los Macri, es dueño de Unicos Air, otra empresa de chárters que prestó servicios a Macri durante la campaña presidencial.

Poné la fecha

Antes del acto de espaldas a la Plaza de Mayo que los popes de la CGT decidieron adelantar una hora apenas vieron que la convocatoria superaba sus expectativas más ambiciosas, Mauricio Macri buscó contener a los tres triunviros y convencerlos de no anunciar la fecha del paro nacional. En rigor eso ya se había pactado el jueves pasado en una reunión en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde la mesa chica de la CGT recibió a Mario Quintana y a Jorge Triaca. El más combativo del triunvirato, Juan Carlos Schmid, fue tentado en esas horas a través de José Luis Lingeri con la habilitación oficial de una obra social propia para los empleados de Dragado y Balizamiento. No es una caja desdeñable: se trata de un gremio pequeño, que no llega a los mil convencionados, pero con salarios que superan los $150.000 mensuales.

Una vez consumado el papelón del martes en el escenario frente al Ministerio de la Producción, el Gobierno celebró puertas adentro lo que evaluó como una implosión de la CGT y una fractura expuesta del peronismo a las puertas de la campaña electoral. Lo hizo a riesgo de sacrificar un interlocutor clave para administrar lo que se puso en escena con las tres movilizaciones masivas de esta semana, incluyendo la del Día Internacional de la Mujer: el descontento popular por los magros resultados de su política económica.

¿Cederán los docentes en su reclamo del 35% y de una paritaria nacional con una inflación oficial acumulada del 3,8% en el primer bimestre del año? ¿Aceptará el 18% en cuotas el porteño Eduardo López, de UTE, a riesgo de quedar tan deslegitimado como los triunviros de la CGT que evitaron ponerle fecha al paro tantas veces votado en medio de un pico de movilización? ¿Fue el de esta semana un paro de Roberto Baradel, como deslizaron desde las usinas oficiales, o la expresión de una base social del gremio compuesta mayoritariamente por jefas de familia sin otro sustento que ese salario devaluado durante 2016?

Fuente: Diario BAE.


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