El crimen de Paulina está impune.

Cinco ex funcionarios del área de seguridad del ex gobernador de Tucumán José Alperovich serán sometidos a juicio oral por el encubrimiento el crimen de la joven Paulina Lebbos, asesinada en esa provincia en 2006, informaron hoy voceros judiciales.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, integrada por Enrique Pedicone, Eudoro Albo y Liliana Vitar, desestimó los recursos que habí­an formulado los acusados contra el fallo del juez Ví­ctor Manuel Pérez y consideró que están dadas las condiciones para que se avance con el proceso.
Cinco de los seis imputados son ex funcionarios del gobierno de Alperovich: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe, Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lellade, y el policí­a retirado Hugo Waldino Rodrí­guez.
A todos ellos se los acusa del delito de «encubrimiento» y podrían recibir una pena de entre uno y seis años de prisión.
A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único acusado que permanece con prisión preventiva desde hace dos años y medio y quedó vinculado al proceso por el uso del chip del celular de Paulina.
Alberto Lebbos, padre de la víctima, dijo a Télam que se sentía «emocionado y ansioso» por la noticia y afirmó que ahora espera que «esos delincuentes que se disfrazaron de funcionarios para encubrir a un delincuente digan públicamente a quien protegieron y reciban una condena ejemplificadora por lo que hicieron».
«En mayo de 2006, hace más de diez años, hice la denuncia y ahora, con las mismas pruebas presentadas en ese momento, la Justicia determina que existen elementos para llevar a los imputados a juicio oral», indicó Lebbos.
El padre de la joven destacó que «el proceso fue avalado por cuatro instancias judiciales, ya que el pedido realizado por el fiscal (Diego) López Avila fue confirmado por el juez Pérez, avalado por el fiscal de Cámara y ahora ratificado por la Cámara».
Según las estimaciones de Lebbos, el juicio oral se iniciará en los primeros meses del próximo año, ya que a los imputados aún les queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema y luego de esa instancia se determinarán los pasos procesales.
«Esta es una brisa de Justicia después de tantos años de lucha, pero no puedo olvidar que hubo gente a mi lado ni dejar de destacar el apoyo del periodismo que nunca se olvidó del caso porque jamás hubiese podido enfrentar a esta asociación ilícita que tuvo el apoyo de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial», expresó Lebbos.
Según los camaristas, el proceso instruido por el fiscal López Avila fue respetuoso del derecho de defensa y de las garantías que el orden jurí­dico otorga a los imputados.
En cambio, anteriormente, la investigación estuvo plagada de irregularidades que provocaron la separación de dos fiscales, Alejandro Noguera y Carlos Albaca, además de la renuncia e imputación del segundo y la dimisión del ex titular del Ministerio Público, Luis De Mitri.
La causa se acercaba a la fecha de prescripción, pero la sentencia de la Cámara de Apelaciones confirma que habrá juicio para un caso que ya lleva 10 años y que siempre fue impulsado por Lebbos, quien desde un principio sostiene la hipótesis de que «los hijos del poder» están detrás del crimen de su hija.
Sin embargo, en septiembre pasado, el juez Pérez dictó el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador; de la ex senadora Beatriz Rojkés, su esposa, y de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado del ex mandatario provincial, quienes fueron investigados por el encubrimiento del crimen.
Lebbos, estudiante universitaria y madre de una nena, desapareció el 26 de febrero de 2006 a la salida de un boliche y su cadáver apareció 13 dí­as después a la vera de la ruta 341, a la altura de Tapia, a 30 kilómetros de la capital provincial.
El cuerpo tení­a rasgos de estrangulamiento, quemaduras de cigarrillo y estaba en un avanzado estado de descomposición.
La Justicia confirmó que la escena del crimen fue adulterada, al igual que las actas policiales donde se informaba del hallazgo del cuerpo de la joven.
Por ese último hecho, fueron llevados a juicio oral y condenados por «encubrimiento» los policí­as Enrique Garcí­a y Manuel Yapura, que recibieron cinco y cuatro años de prisión, respectivamente.