En las plantas se recaudaban miles de pesos por día.

Cada vez que se compra o vende un auto usado es obligatorio verificar que no haya sido robado, un trámite que se debe realizar en plantas que dependen de fuerzas de seguridad, todo un mundo que suele despertar históricas sospechas de corrupción. Ya sea para hacer el trámite más rápido, para subsanar algún inconveniente o para pasar por alto una restricción al vehículo. Lo insólito es cuando la policía se queda con el dinero correspondiente al trámite formal y no lo eleva al fisco provincial, algo que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires.

Es una de las fuentes de la recaudación ilegal de la que se nutren jefes de la policía bonaerense. La sucesión de amenazas a la gobernadora María Eugenia Vidal y a su ministro, Cristian Ritondo, pueden responder a la decisión de intervenir en las plantas verificadoras donde hubo irregularidades.

En la provincia de Buenos Aires hay quince plantas verificadoras en las localidades de Vicente López, San Martín, San Miguel, Pilar, Brandsen, Cañuelas, Mar del Plata, San Vicente, Quilmes, Morón, La Matanza, La Plata, Luján, Marcos Paz, Campana. Esas son las más importantes, pero también hay dependencias policiales en el interior de la provincia que realizan el mismo trámite.

Siete jefes de plantas verificadores fueron separados de sus cargos en lo que va de la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires, que inició una investigación por parte de Asuntos Internos de la policía bonaerense y se dio curso a una denuncia actualmente en trámite en la justicia de La Plata.

Cómo la causa se encuentra en trámite, las fuentes consultadas no quieren dar mucho detalle, pero para dar una magnitud de la recaudación se habla de 30 mil pesos diarios, por cada planta. Si se lo multiplica por quince el número adquiere otra dimensión: $ 450.000. Y si ese número se multiplica por 20, se llegaría a unos 9 millones de pesos mensuales, más de cien millones al año.

En una entrevista con Marcelo Zlotowiagda por C5N, Ritondo dijo que entre 3 y 4 millones de pesos mensuales desaparecían de la planta y no llegaban a las autoridades de la provincia. “En la provincia de Buenos Aires hay 70 mil transferencias mensuales y lo que llegaban eran 25 mil o 30 mil. Ahora estamos haciendo la comparativa de los últimos cinco años, porqué no es algo que empezó ahora, empezó hace bastante tiempo”, indicó.

Ritondo dijo además que en algunas plantas sólo se blanqueaba el dinero de un 30 o 40 por ciento de los trámites y que el resto se recaudaba para los jefes. Para eso se utilizaban talonarios truchos. De esta forma, los automovilistas después de realizar el trámite de verificación del coche se llevaban un comprobante falso.

La recaudación de las plantas verificadoras se vincula con la denuncia que realizó el gobierno provincial, luego de haber recibido un anónimo en el que se detalla una reunión en La Matanza, en la que participaron jefes retirados y en actividad. En el amable encuentro se hablaron cosas no tan amables: atentar contra la gobernadora Vidal, el ministro Ritondo, y el responsable de Asuntos Internos, Guillermo Berra. Al complot se lo conoció como: Operación Talonario. Cada funcionario sería una boleta.

El anónimo sostiene que en la reunión participaron varios jefes desplazados, que se desempeñaban justamente en algunas de las plantas verificadoras donde se detectaron el desvío de los fondos. Las fuentes consultadas dijeron que hay por lo menos siete jefes policiales que fueron desplazados, pero prefieren que sus nombres no trasciendan para no entorpecer la investigación.

No es este el primer caso en que las autoridades provinciales se encuentran con evidencias de la recaudación ilegal. El caso más grotesco y patente es el de la Departamental de La Plata, donde a comienzos de año se encontraron varios sobres con miles de pesos. En un operativo se encontraron casi 154 mil pesos repartidos en 35 sobres, provenientes del pago de coimas.