La firma del Acuerdo Nacional “Argentina sin Narcotráfico” es un paso positivo para que la dirigencia política del país asuma, de una vez por todas, la responsabilidad de dictar políticas de Estado respecto al problema de las drogas. No obstante, para no quedarse en promesas, debe materializarse en la adopción de una nueva ley de drogas en donde se fijen las nuevas bases jurídicas, orgánicas y doctrinales con arreglo a las cuales diseñar las políticas de drogas de los próximos veinte años.
En este sentido, el anunció de hoy omitió la necesidad de reemplazar la ley 23.737 de estupefacientes, sancionada en Septiembre de 1989. En estos 27 años, el problema de las drogas en la Argentina ha cambiado dramáticamente, tanto en escala como en naturaleza y complejidad. Además de esta realidad, la ley 23.737 ha sido derogada parcialmente por otras leyes (Ley 26.061 de Salud Mental) y por declaraciones de inconstitucionalidad sobre aspectos relevantes (consumo privado, autocultivo de cannabis, hojas de coca para coqueo, etc.). Sin embargo, se siguen dictando políticas de drogas bajo unas bases pensadas para un problema que nada tiene que ver con el presente, ni mucho menos con el futuro.
Las nuevas bases deben establecer un enfoque integral, balanceado y sofisticado. Esto significa, por un lado, establecer un marco adecuado para generar políticas de reducción de la demanda de drogas que involucren a los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Los principios, objetivos y acciones comunes deben abordar la prevención, el tratamiento y la reinserción social del adicto. Dicho marco debe contemplar un régimen de financiamiento específico. En la medida que se adopten políticas efectivas y comunes para reducir la propensión al uso indebido de drogas, mejorar los factores de protección y disminuir los de riesgo, habrá menos consumidores, que consumirán en menor cantidad. Esto lleva a un mercado más chico, con menores ganancias para los traficantes.
Por otro lado, la nueva ley debe establecer un marco adecuado para dictar políticas inteligentes y sofisticadas de represión de la oferta, capaces de llegar a las empresas narco-criminales. Esto implica, por ejemplo, ponderar sanciones en función del daño proyectado de cada sustancia, lo cual permitiría focalizarse y ser bien duros con las más nocivas.
Asimismo, debe contemplarse la responsabilidad penal de la persona jurídicapero también latransferencia de responsabilidad a los directivos, basado en la negligencia culpable. Esta figura, junto con la del arrepentido, permitirán perseguir eficazmente a los grandes traficantes. En la industria de precursores y drogas legales, es necesario extender la figura de obligación de reporte de operación sospechosa, como existe para el lavado de activos. Estas innovaciones, junto con muchas otras, implicarían un cambio de paradigma en materia de persecución penal, de modo que el 85% de los condenados por narcotráfico no sean por tenencia para comercialización, como sucede hoy.
Finalmente, la nueva ley debe establecer una base institucional especial —el Consejo Federal de Drogas — con la misión de integrar todos los esfuerzos en una estrategia nacional de drogas, de carácter integral y plurianual.
Por ello, y para que no quede en fotos, gestos o palabras, pensar y acordar sobre la política de drogas en Argentina es pensar y acordar el reemplazo de la ley 23.737.
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Por Diego Gorgal
