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La pelea entre Lorenzetti y Carrió cobra volumen: difunden declaraciones juradas

La Corte dará a conocer las declaraciones juradas de sus miembros. También alentó a los jueces federales que las difundan. Una pelea que continuará.

Lorenzetti  desconfiaba de Macri.

Lorenzetti desconfiaba de Macri.

La pelea entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la diputada Elisa Carrió sumó ayer un nuevo capítulo: el máximo tribunal decidió dar a conocer las declaraciones juradas patrimoniales de sus integrantes.

Además, Lorenzetti salió a contestar públicamente a las últimas críticas de Carrió, quien lo acusó de haber contratado obras sin control y de haberse enriquecido.

Durante el debate por la ley de acceso a la información, la diputada socia de la Alianza Cambiemos, volvió a cargar contra el presidente de la Corte y su principal mano derecha por la administración de los recursos de la Corte.

“Hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas, preocupados por los grandes temas que interesan a los ciudadanos y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir”, sostuvo Lorenzetti en un comunicado.

En alusión a la denuncia por enriquecimiento ilícito que le hizo Carrió, Lorenzetti expuso que “en estos años hemos sido, como otros argentinos, investigados, denunciados, presionados reiteradamente, y siempre hemos resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población”.

En medio de esta polémica, la Corte decidió hacer lugar a la entrega de copias de sus declaraciones de bienes a Carrió y a su compañero de bancada Fernando Sánchez, que lo habían solicitado la semana pasada, sin respetar, dijeron, «en forma mínima» los procedimientos legales.

Los jueces aclararon que esos documentos ya estaban en Internet, pero «en aras de transparencia» entregarán copia a los legisladores, mientas que resolvieron notificar a los jueces federales sobre este pedido de difusión de sus patrimonios para que decidan si quieren darlos a conocer.

Según se explicó, «desde 2005 esta Corte no cuenta con las declaraciones juradas de los magistrados de otras instancias por cuanto la autoridad de aplicación es el Consejo de la Magistratura».

«De forma excepcional esta Corte considera que corresponde poner en conocimiento de todos los magistrados federales el contenido de la presentación a fin que se tome intervención, manifieste su opinión y eventualmente su conformidad con la entrega y remisión de sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales integrales», señalaron los miembros de la Corte.

Exceptuó, no obstante, a los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes se encuentran investigando a Carrió en distintas causas.

Las declaraciones de Lorenzetti

El presidente de la Corte insistió: “No hace mucho tiempo que se intentó desprestigiarnos calificándonos de “chorros”, lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial”, y que “cambian las personas pero siguen las mismas prácticas agraviantes y, por eso, lo que antes nos parecía incorrecto también debe serlo ahora”.

El magistrado opinó que “siempre hay personas que pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano”.

El cuanto a las críticas sobre la administración de la Corte, en tal sentido sostuvo que el máximo tribunal no puede inmiscuirse en funciones que corresponden al Consejo de la Magistratura que es “absolutamente independiente de la Corte” y destacó que el máximo tribunal es controlado por la Auditoría General de la Nación” que no formuló observaciones.

“Con mala fe se ha dicho que hubo un ‘pacto’ entre la Corte Suprema y el anterior gobierno sobre la ‘caja’. Esa afirmación no sólo fue desmentida por la documentación firmada por todos los ministros de la Corte y por la mayoría de los presidentes de Cámara de todo el país”, acotó Lorenzetti.

Sobre ese punto señaló que “también hubo una denuncia formulada por una legisladora, hablando de un pacto ilícito para apropiarse de los fondos del Poder Judicial, lo que fue desestimado en primera instancia y luego por la Cámara Federal en su sentencia del 29 de mayo de 2015”.