El jueves 25 de febrero presenté un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública con el objetivo de aportar a su debate, tratamiento y pronta aprobación en el Congreso.

Lo hice con la firma y la adhesión de gran cantidad de diputados y con la convicción de sumar al tiempo de cambio que se respira y que encabeza el presidente Mauricio Macri, que en su primer mensaje de apertura de sesiones ordinarias, el pasado 1ro. de marzo, asumió públicamente el compromiso de ser firme impulsor del derecho de acceso a la información pública.

Durante muchos años, Argentina estuvo al margen de la agenda de transparencia y acceso a la información que se consolidaba en la región. La voluntad política es la herramienta que hoy nos garantiza el recorrido de esta agenda para saldar una deuda con la democracia y con los derechos humanos.

El debate parlamentario tendrá lugar en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda y Justicia. La convocatoria a todos los sectores sociales será un punto clave de este debate, ya que fortalecerán los procesos que demanda una ley procedimental en el ámbito administrativo para el ejercicio de este derecho.

Resulta esencial que todos los ciudadanos comprendan la importancia que tiene la aprobación de una la ley acceso a la información pública y a su vez, sepan cuáles son los puntos centrales del proyecto que impulso, para así poder ejercer el derecho humano del acceso a la información y todos los derechos ampliados que conlleva. Comencemos, entonces:

¿Por qué es fundamental que tengamos una Ley de Acceso a la Información Pública? 

En primer lugar; porque posibilita el derecho de toda persona a acceder a la información pública y porque, además, a partir de esta norma se asegura la transparencia de la actividad de los organismos públicos y se fomenta el gobierno abierto. Según lo establecido como principio en mi proyecto, toda información en poder del Estado se presume pública y los respectivos funcionarios a cargo deberán prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información deberá, además, ser accesible en formatos electrónicos abiertos facilitando el procesamiento por medios automáticos y que permitan su reutilización o redistribución por parte de terceros.

¿Quiénes tienen la obligación de brindar  la información pública?

La Administración Nacional, central y los organismos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todas aquellas empresas, sociedades, y organizaciones en las que haya participación del Estado, tanto en la toma de decisiones como donde haya afectación del erario público.

¿Cómo se garantiza que  se satisfagan los pedidos de Acceso a la Información? 

El proyecto propone la creación de órganos garantes del acceso a la información pública en los poderes del estado y en los demás sujetos obligados establecidos por la ley para tutelar el derecho de acceso a la información. En tal sentido, los órganos deberán ser especializados e independientes, principios fundamentales estos, para  velar por su protección y, a la vez, su promoción.

Estos órganos tendrán un mandato legal y estarán establecidas sus responsabilidades con respecto a la implementación de la ley y tendrán una coordinación para fijar estándares para la efectiva aplicación de las resoluciones.

Es vital, además, que para garantizar el pleno funcionamiento y cumplimiento de la ley, la norma estipula sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios a entregar la información.

Los órganos de aplicación deberán reglamentarlas y aplicar los procedimientos sumariales y las sanciones administrativas por conductas dolosas y negligentes de los funcionarios responsables de la entrega de la información requerida e impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en cada uno de los casos donde se registre incumplimiento.

¿Existe posibilidad de apelación? 

Tanto  la ley modelo de acceso a la información pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como las normas sancionadas en la región durante los últimos años han sido inspiraciones importantes de este proyecto. En ambos casos se establecen mecanismos de apelación sencillos y rápidos, cumpliendo con el establecimiento expreso de las excepciones.

Entonces, ¿Puede haber excepciones? 

Las autoridades públicas podrán rechazar el acceso a la información únicamente bajo las excepciones previstas taxativamente en el texto de la ley. La implementación del régimen de excepciones al derecho de acceso a la información es un eje central para la eficacia y garantía de este derecho fundamental.

Algunas de las excepciones previstas son, por ejemplo, la información cuya difusión amenace la seguridad, defensa o política exterior, o cuando se trate de secretos comerciales, industriales, financieros, científicos, técnicos o información preparada por asesores jurídicos o abogados cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, entre otras. Lo fundamental es asegurar que las excepciones no se transformen en la regla, el derecho al acceso a la información debe ser interpretado a la luz del principio de máxima divulgación. 

¿Qué puede pasar si los sujetos obligados no responden?

En caso de silencio u omisión de respuesta por parte de los sujetos obligados, una vez transcurridos los plazos correspondientes, será entendido como respuesta afirmativa (afirmativa ficta) al requerimiento de información debiendo ser entregada de forma inmediata. Esto cambia radicalmente la costumbre de la administración pública que hasta hoy considera el silencio como negación. La obligación de responder es parte del cambio hacia el diálogo que buscamos para la Argentina.

Una ley de acceso a la información pública hará posible otro nivel de comunicación entre el ciudadano y el Estado. Garantizar por ley el derecho a la información incentivará una nueva manera de gobernar, más abierta y cooperativa. Este tiempo nos convoca a ser protagonistas del cambio para profundizar la democracia y los derechos.

*Diputada nacional UCR.

Fuente: Bastión Digital.