Marisol tenía 38 años.

Por Rafael Saralegui

Una trama de corrupción policial y encubrimiento oficial rodea al crimen de la maestra jardinera Marisol Oyhanart, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana del 15 de abril de 2014 en un terreno de la ciudad de Saladillo, en un sector que había sido rastrillado la noche anterior por efectivos policiales.

Los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini, que asisten Sergio Rachit, el viudo de la víctima, están convencidos de que algunas autoridades policiales armaron una red para encubrir a quien es hasta ahora el único sospechoso firme de ser el autor de homicidio, un poderoso productor agropecuario de la zona, quien aún no fue llamado a declarar como imputado.

La causa está en manos de la fiscal de la La Plata Ana María Medina, luego de que fueran recusados los dos anteriores fiscales de la causa, Patricia Hortel, separada a los tres meses de haberse hecho cargo de la pesquisa, y Marcelo Romero, también de La Plata, desplazado luego de haber brindado copias del expediente a un diputado provincial del Frente Renovador, quien sería allegado al empresario sobre quien recaen las sospechas de ser el autor del crimen de la maestra de 38 años.

Pero la querella no sólo tuvo que trabajar a destajo para conseguir que el expediente pasara a manos de una fiscal que parece haber orientado la pesquisa en el sentido correcto, sino que también tiene que lidiar con autoridades policiales que parecen haber hecho todo desde el principio para encubrir al sospechoso.

La red de encubrimiento comenzó a ser descubierta por el testimonio de otros policías que no formaban parte de la trama. En el expediente consta la declaración de un teniente de la Policía Bonaerense que dijo haber escuchado que se había repartido un millón y medio de dólares para encubrir el asesinato.

En la causa hay un dictamen elaborado por el Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata, con fecha del 25 de noviembre último, dirigido a la fiscal Medina en la que se recomienda profundizar la investigación respecto del único sospechoso, luego de haber descartado otra decena de líneas de investigación, que incluyeron a dos “perejiles” que fueron detenidos y luego desvinculados del caso en las primeras semanas de la causa, cuando era dirigida por la fiscal Hortel.

Marisol desapareció en la tarde del 14 de abril de 2014 y su marido realizó la denuncia a las pocas horas. Participaron en el operativo de búsqueda policías, bomberos, personal de defensa civil, familiares y vecinos de la zona. La búsqueda se suspendió en la madrugada del 15 por orden de la policía. El hermano menor de Marisol quiso seguir la búsqueda durante la noche en una zona de taperas y personal de la policía se lo impidió. A la mañana siguiente el cuerpo fue encontrado. Lo evidente es que fue llevado hasta un lugar que había sido rastrillado el día anterior.

Otro dato que llama la atención es que en la noche del 14 al 15 de abril, el empresario agropecuario al que se considera sospechoso se presentó a prestar declaración como testigo en la comisaría de Bolívar, no en la de Saladillo, donde se estaba buscando a Marisol, para decir que tenía una relación de amante con la mujer, cuando todavía, al menos oficialmente, no se había informado que había sido asesinada simplemente porque el cuerpo no había sido encontrado todavía.

El mismo oficial que dijo haber escuchado en la comisaría que se había repartido 1,5 millones de dólares, declaró que sus tres jefes “pudieron haber participado en el encubrimiento porque tienen todas las armas para hacerlo, si quieren”.

Los médicos que realizaron la autopsia concluyeron que Marisol murió ahorcada, pero también establecieron que fue torturada, posiblemente con el encendedor de un automóvil, ya que se encontraron quemaduras en la zona del pubis. La hipótesis es fue torturada y asesinada y luego su cuerpo fue guardado en algún sitio hasta que fue “encontrado” en la mañana del día 15 de abril.