Julio Alak está tocado. Las tres tapas que le dedicó Clarín en una semana por supuestos extravíos de expedientes en la Inspección General de Justicia (IGJ) lo dejaron expuesto justo cuando el Gobierno envió al Congreso la reforma del Código Procesal Penal. Está en duda su presencia la semana que viene en el Congreso para defender la iniciativa.

Se registraron duros pases de factura en el Ministerio de Justicia. La IGJ es un coto de caza de La Cámpora y Alak, en privado, siempre deslizó que el organismo está fuera de control. Es algo que el sabe bien porque así se lo han contado desde la Unidad de Investigación Financiera, otro organismo del Ministerio que conduce donde el ánimo para con la IGJ no es el mejor.

Alak también hace una lectura política. La causa por los extravíos la tiene María Servini de Cubría, jueza con la cual el ministro siempre tuvo una buena relación. La Chuchi, igual que Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, está absolutamente en contra de un Código Procesal que le quite poder a los jueces federales y se los de a los fiscales.

Por eso el funcionario considera la causa, y el apalancamiento de Clarín, un advertencia contra su persona por no ejercer como dique de contención de su viceministro Julián Alvarez, que ya piensa en su candidatura como intendente de Lanús, el año próximo.

Los jueces de Py quieren retener el poder de investigar, pero más aún la posibilidad de recibir alegatos «de oreja» de los abogados que defienden a funcionarios, empresarios y sindicalistas, la relación con los servicios de inteligencia y el blindaje que les otorga tener en su poder causas explosivas.

El fuero penal igual está dividido porque mientras los jueces no quieren resignar nada, los fiscales federales están eufóricos y varios de ellos almuerzan una vez por semana en el restaurant Plaza Mayor para trazar estrategias.

En esas sobremesas se trazan grandes líneas de estrategia y se envían mensajes a Alejandra Gils Carbó. El más reciente es uno que pide que tras la sanción del nuevo Código, la implementación quede terminada, a más tardar, en 90 días, o sea, a principios de marzo del año que viene.

Un plazo demasiado exiguo a juicio de quenes han seguido la aplicación de otras reformas similares en algunas provincias del país. De todos modos, el convencimiento general es la que iniciativa será aprobada en el Congreso con el apoyo de la oposición.