El senador radical promueve el juicio por jurados.

Por Javier Sinay

“El Jurado delibera sobre la prueba y determina la culpabilidad o la inocencia del acusado en relación al hecho o los hechos y al delito o grado del mismo por el cual éste debe responder. Para que el jurado pueda desempeñar y llevar a cabo esta función, los miembros del jurado deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el magistrado que preside el proceso acerca del delito principal imputado y de los delitos menores incluidos en él”.

Con estas líneas, el senador Eugenio “Nito” Artaza (UCR) presentó ante el Senado un proyecto de ley para la implementación del juicio por jurados en todo el país. El proyecto fue elaborado en colaboración con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ). Para apoyar su propuesta, el actor cómico y sus aliados preparan para el próximo lunes 29 una recreación de un juicio por jurados, a las seis de la tarde en el Teatro Astral, en Corrientes 1639.

La recreación abordará un caso real y el jurado será conformado por voluntarios que desconocen los pormenores del caso. Además, participarán el senador Luis Juez en el rol de fiscal y el diputado Manuel Garrido en el rol de juez. Los testigos y los peritos estarán representados por los actores Pepe Novoa, Gremán Kraus, Adriana Salgueiro, Juan Acosta, Sergio López y Carlos Bacchi. “El objetivo de este esfuerzo colectivo es explicar cómo funciona y cuáles son los beneficios del sistema de juicio por jurados para que la ciudadanía tome consciencia de su importancia y se pueda instalar el tema en la agenda legislativa”, se lee en un comunicado de INECIP.

“He recibido con gran beneplácito el anuncio realizado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, de que el Poder Ejecutivo enviará en breve al Congreso Nacional para su tratamiento el proyecto para la modificación del Código Procesal Penal que contempla la realización del juicio por jurados”, dice Artaza. “Estoy convencido que tanto la reforma del Código como la instauración del juicio por jurados redundará en una mejor y más justa administración de la Justicia, además de acortar los tiempos de los procesos”.

Para Cristian Penna, de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, “hay que pasar cuanto antes a un sistema acusatorio más moderno, como son los de los códigos penales procesales de la mayoría de los países e incluso de la mayoría de las provincias argentinas”. La realización del juicio por jurados existe en la Constitución Nacional y obedece al esquema de controles de poderes: las disposiciones referidas a este sistema fueron establecidas en 1853 y mantenidas en las reformas constitucionales de 1860, 1957 y 1994, otorgando a las personas el derecho a ser juzgadas en juicios orales, públicos y por jurados.

“La ventaja del juicio por jurados es múltiple”, explica Cristian Penna. “Brinda mayor legitimidad democrática al poder del Estado con menor representatividad popular y aporta transparencia a los juicios. No sólo inspira mayor confianza en la ciudadanía sino que a la vez brinda mayores garantías al acusado: mayor independencia e imparcialidad del juzgador; permite que la ley penal y los actos del juicio puedan ser fácilmente comprendidos por todos (acusado, jurados y público en general) y tiene un gran efecto educador, fortaleciendo la conciencia cívica de quienes participan”.

“Este tema siempre ha sido parte de mis mayores preocupaciones”, dice Artaza, “por lo cual en abril del año 2012 presenté el proyecto número 985-S-12 de Reforma Integral del Código Procesal Penal y este año, el Proyecto 1554-S-14 de establecimiento del proceso de juicio por jurados, ambos redactados con la colaboración del INECIP”. Para el senador radical, “la sociedad se encuentra madura para llevar adelante esta carga pública, por lo que el cumplimiento de la manda constitucional no puede demorar más tiempo: la sociedad exige más del Poder Judicial, y con motivos; la desconfianza ha venido en aumento al igual que la inseguridad, y esta es de las herramientas más idóneas existentes para democratizar el estamento judicial”.