“Bueno se trata de una medida sanitaria, pero no exime su responsabilidad”. La senadora provincial (FPV) María Teresa García analiza de esa forma la decisión de María Eugenia Vidal de desplazar a María Fernanda Inza de su cargo de contadora general de la provincia de Buenos Aires, apenas unos días después de haberla designado y 48 horas más tarde que la legisladora hubiera ampliado su denuncia por los aportes truchos en la campaña de Cambiemos que se conocieron gracias a una investigación periodística.
García denunció a Vidal, como presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, a los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti, como vicepresidentes primero y segundo, Federico Salvai como secretario general e Inza como tesorera de la agrupación, por los posibles delitos de usurpación de identidad, lavado de dinero, falsificación de datos y violación de secretos y privacidad. Todo eso por el uso de la identidad de personas que figuran como aportantes de Cambiemos.
La senadora sostuvo que Vidal como titular del PRO en la provincia de Buenos Aires es la responsable de acreditar debidamente el origen de los fondos que fueron usados para solventar los gastos de la campaña. “Hay una responsabilidad absoluta de la presidenta del partido. La separación de un funcionario de su cargo es una media que puede tomar, pero eso no significa que se diluya su responsabilidad”, sostiene García.
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La base de la denuncia es la investigación periodística realizada por el periodista Juan Amorín en el sitio El Destape, que identificaba a más de 200 supuestos aportantes de Cambiemos que eran beneficiarios de planes sociales. El dato surgió luego de cruzar las identidades con la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, la esposa del denunciado Salvai. Los supuestos aportantes eran todas personas pobres que vivían en asentamientos, como la villa Itatí, en el partido de Quilmes.
Los nombres utilizados para figurar como aportantes son beneficiarios del plan “Hacemos Futuro”, de escasos o inexistentes ingresos, por lo que “debe resultar cuanto menos extraño que estas personas aparezcan realizando aportes de campaña para un partido político”.
El informe sostiene que Cambiemos gastó 43 millones de pesos en la campaña electoral de 2017 que llevó a Esteban Bullrrich al Senado de la Nación y a Graciela Ocaña a la Cámara de Diputados. Aparecen 4800 aportantes y los beneficiarios de los planes figuran con sumas que van de los 300 a los 2000 pesos.
La difusión de los aportes truchos dio pie a otras dos investigaciones judiciales. Una está a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, quien corroboró que 100 de los aportantes aparecen como afiliados al PRO, pese a que nunca hubieran firmado ninguna ficha. Por eso se pidió el allanamiento de la sede del PRO para secuestrar las fichas de afiliación. Otra causa, a partir de una denuncia de La Alameda, está cargo del juez Sebastián Casanello.
García presentó su denuncia en la justicia federal de La Plata el 4 de julio y la amplió hace dos días. La causa la tramita el juez federal Ernesto Kreplak. La legisladora sostiene que el lavado de dinero -al usar nombres que en rigor no hicieron aportes- podrían corresponder de personas o empresas que no pueden hacerlo según la ley de financiamiento de los partidos políticos, como concesionarias de servicios u obras públicas, de juegos de azar, entre otros.
En la ampliación de su denuncia García sostuvo que los aportantes tuchos suman más de mil y que comienzan a aparecer candidatos o militantes de Cambiemos que figuran como aportantes y nunca pusieron un peso. Así lo dijo esta misma semana el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien negó haber sido aportante.
“Hay más de cien casos de concejales o candidatos de Cambiemos del interior de la provincia que negaron haber hecho aportes y aparecen en la listas. Esto es particularmente grave en pueblos pequeños donde los postulantes piden ayuda a sus vecinos para la campaña y ahora ven que los que les pedían aparecen con aportes”, explica la legisladora.
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