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Una fiesta clandestina, una chica ahogada, vínculos con Cambiemos y un comisario ascendido

Emilia murió en una fiesta en La Plata hace cuatro años. El comisario que estaba a cargo fue ascendido.

Emilia murió ahogada en una fiesta clandestina.

La familia de la estudiante de periodismo Emilia Usmacayta Curí, fallecida en una fiesta ilegal realizada en una quinta en las afueras de La Plata en 2016, no puede eludir el asombro, la sorpresa y el enojo.

El combo de sentimientos es consecuencia de la designación del comisario Sebastián Martínez Pass como nuevo jefe de la Jefatura Departamental La Plata, la cual tiene a cargo todas las comisarías de la capital provincial, además de las localidades de Berisso y Ensenada. 

Según recuerda el sitio Pulso Noticias, el comisario ascendido era el jefe de la Policía Local de La Plata y responsable junto con los funcionarios municipales dependientes de Julio Garro (Cambiemos) de haber evitado la fiesta donde Emilia apareció muerta ahogada en la pileta en la madrugada del 1° de enero de 2016 en la quinta San Cayetano, ubicada en 520 entre 159 y 160 de Melchor Romero.

“Fue en una fiesta no autorizada por Control Urbano pero que se llevó a cabo igual sin ningún tipo de control municipal ni policial, la gran pregunta que la Justicia no respondió es quién dio la orden de liberar la zona horas antes del 1° de enero. ¿Fue el secretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué? ¿Fue el jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass?”, agrega el sitio.

Ascenso confirmado

La novedad del reciente ascenso de Martínez Pass como jefe de la Departamental platense fue confirmada ante la consulta por fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo del médico militar Sergio Berni.

En la causa hay cuatro empresarios vinculados a la gestión de Cambiemos (Carlos Bellone, Ismael García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure) imputados por “homicidio simple con dolo eventual en concurso real con dos hechos de desobediencia”, quienes tienen fecha de juicio para fines de 2022.

Los cuatro tenían lazo como Raúl “Peque” García, un relacionista público y empresario de la noche de La Plata, militante de Cambiemos. Es fácil encontrar fotos del peque con dirigentes de ese espacio, que gobierna la ciudad de La Plata.

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El “Peque” García fue arrestado tres años después de aquella fiesta ilegal, en una causa a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, acusado de trata de mujeres y proxenetismo. 

Al cumplirse cuatro años de la muerte de Emilia, el hermano de la joven explicó que la fiesta clandestina “la organizaron los empresarios en connivencia con la municipalidad de la gestión de Cambiemos que había asumido días antes, un gobierno que sigue lamentablemente y donde muchos funcionarios implicados continúan trabajando”.

Según las constancias del expediente, Bellone era el dueño de la quinta donde se realizó el evento, Piedrabuena y Haramboure están acusados como los organizadores de la fiesta clandestina, mientras que García fue quien consiguió las bebidas alcohólicas que se consumieron.

El ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué está imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a la espera de la elevación a juicio como lo encomendó la fiscal Ana Medina de la UFI 1.

En su indagatoria, Piqué desligó la responsabilidad en quien entonces era el jefe de la Policía Local, Martínez Pass, ascendido ahora como jefe de la Departamental de La Plata y en el entonces subsecretario (y actual secretario) de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia.

Qué hizo el comisario

El abogado de la familia de la estudiante fallecida, Adrián Rodríguez, dijo que el comisario Martínez Pass estuvo sindicado “como presunto responsable en el accionar municipal vinculado con el levantamiento de la custodia policial de la quinta, sin embargo la justicia no avanzó en una imputación real en contra de ese funcionario”.

Martínez Pass fue llamado a declarar dos veces ante el fiscal de la causa, en las cuales se presentó sin abogado. De todo modos, en las dos ocasiones se negó a declarar, amparándose en ese derecho constitucional.

“Debe dar explicaciones ante la justicia. El problema es que la justicia tampoco avanzó”, aseguró el abogado de la familia al ser consultado por este medio. Es que la investigación nunca avanzó para determinar la responsabilidad del comisario ascendido.

El dato clave es que en la quinta donde se realizó la fiesta ilegal se habían realizado inspecciones municipales y habían advertido a los organizadores que no estaba autorizada. Sin embargo, en la noche del 31 el patrullero que estaba en el lugar para impedir la fiesta, se retiró. El comisario de la zona dijo que eran “órdenes de arriba”.

¿Quién dio la orden? Pese al tiempo transcurrido aún no se sabe si la orden la dio el secretario de Seguridad Piqué o el jefe entonces de la Policía Local, Martínez Pass. El funcionario dijo que él no daba órdenes directas a la policía.

“Los días previos (30 y 31 de diciembre) y ese mismo día, inspectores de Control Urbano labraron actas contravencionales en la quinta “San Cayetano” en las cuales se dispuso la clausura pero de igual manera se desarrolló el evento”, agrega el sitio.

No dio explicaciones

El juez Carlos Argüero, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La PLata sostuvo que en un fallo del 16 de mayo de 2019 que “del análisis de todas las probanzas se ha podido demostrar claramente que la orden en cuestión había sido impartida por el Jefe de la Policía Local Sebastián Martínez Pass, o en todo caso por el Segundo Jefe de la misma repartición Ariel Peña”.

A su vez, el juez Argüero marcó en su fallo que “los únicos funcionarios que podrían haber aportado claridad sobre lo que en verdad ocurrió aquella noche en relación a la orden impartida en cuestión, eran el subcomisario Martínez Pass y (el subsecretario Roberto) Di Grazia, sin embargo no lo hicieron al acogerse al derecho de negarse a declarar”. 

El abogado de la familia de Emilia no quiso referirse al ascenso de Martínez Pass, pero se lamentó por la falta de avances en la investigación. “Fue llamado dos veces, pero no declaró. Pasaron cuatro años y no se determinó su responsabilidad”, explicó.