Por Rafael Saralegui.

Cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, comienzan a producir algunas novedades en el ámbito judicial, aunque no directamente vinculadas con la suerte corrida por el joven, de quien no se sabe nada desde el 31 de enero de 2009.

Según se informó en forma oficial fue arrestado ayer el oficial Julio Diego Torales, quien fue detenido por personal de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dispuso además su pase a disponibilidad.

“El efectivo policial, que se desempeñaba en la comisaría segunda de la localidad de Gregorio de Laferrere, está acusado de haber inferido torturas y malos tratos al joven meses antes de su desaparición”, dice el comunicado del organismo.

La rueda de prensa en la que acusaron a la fiscal Castelli.

La detención de Torales, es consecuencia de una causa paralela a la de su desaparición, en la que se investiga una golpiza que Luciano sufrió el 22 de septiembre de 2008, pocos días después de haberse negado a robar para efectivos del destacamento de Lomas del Mirador.

El oficial fue arrestado ayer, informaron a CYR fuentes cercanas a la investigación y esta mañana prestaba declaración ante los fiscales del Departamento Judicial La Matanza, Carlos Arribas y Celia Cejas, quienes habían pedido su arresto.

Torales no integra la lista de los ocho miembros de la Policía Bonaerense a quienes la familia de Luciano acusa de haber intervenido en su arresto y desaparición. La familia le pidió al gobernador en agosto pasado que esos policías fueran separados de sus cargos y pasados a disponibilidad, pero hasta hace un par de semanas permanecían en sus cargos.

Por eso llama la atención que el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Seguridad dijera que la pesquisa cuenta con “todo el apoyo del gobernador Daniel Scioli y el ministro Ricardo Casal para ser inflexibles frente a este tipo de casos”.

La fiscal Cejas es la que tiene además a su cargo la causa por la desaparición de Luciano, que originalmente había sido caratulada como “averiguación de paradero”. La familia pidió que el caso se investigue como “desaparición forzada”.

El oficial detenido está imputado de los delitos de apremios ilegales y severidades, pese a que los abogados que representan a la familia, entre los que participan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideran que se trata del delito de torturas.

En una conferencia de prensa ofrecida a fines de diciembre, la familia de Luciano pidió que el caso pase a ser investigado por la Justicia federal y que se le inicie un jury a la fiscal que originalmente estuvo a cargo del caso, Roxana Castelli, por no haber atendido a la denuncia de la familia de Luciano, sobre la persecución que sufría el joven por parte de la Policía Bonaerense.

“La fiscal Castelli tardó 45 días en recibir a los familiares de Arruga. Y cuando los recibió estaba con los policías implicados detrás de ella. Esta es una de las causas más graves del país y me preocupa que se naturalicen estas cosas horribles”, dijo en la rueda de prensa el titular de la APDH de La Matanza, Pablo Pimental.

El CELS explicó en un comunicado que además de la federalización del caso y el enjuiciamiento a la fiscal Castelli, se realizó una presentación en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense para que se investigue “la responsabilidad de los policías sospechados, las maniobras de encubrimiento cometidas durante la instrucción de la causa y las irregularidades advertidas en la comisarías involucradas”.