El fiscal Federico Delgado pidió investigar como «violación a los derechos humanos» la represión de agentes penitenciarios de una revuelta carcelaria en el penal de Villa Devoto, que causó la muerte de 65 reclusos en 1978. «Los hechos no constituyen un delito de lesa humanidad porque no hay forma de ubicarlos en el marco del plan criminal del terrorismo de Estado», pero el Estado no cumplió con los deberes derivados del sistema interamericano porque la investigación no fue real, sino meramente formal», sostuvo.

El 14 de marzo de 1978, tras una requisa, los detenidos en Devoto protagonizaron una protesta que fue reprimida por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Según relataron sobrevivientes de aquel episodio, una discusión por el encendido de un televisor derivó en una feroz represión de los guardiacárceles, que los presos intentaron resistir colocando colchones contra la puerta de acceso al Pabellón 7. Pero esos colchones fueron incendiados, presuntamente con combustible arrojado por los propios carceleros, que al mismo tiempo disparaban una balacera contra los presos.

«Todo esto permaneció congelado por años y en la opacidad de los archivos de tribunales», reflexionó el fiscal. La causa fue reactivada por la abogada Claudia Cesaroni, quien representa en el expediente a Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre y principal testigo de aquellos episodios. «Hay que considerar los acontecimientos como una ‘grave violación’ a los derechos humanos… hay que considerar los delitos imprescriptibles y, en consecuencia, reiniciar la investigación», subrayó Delgado, en su pedido de reactivación del expediente, dirigido al juez federal Daniel Rafecas.