Miragaya, izquierda, consiguió trabajo con Arribas.

El fiscal general adjunto Eduardo Miragaya será designado en los próximos días al frente de la división de criminalidad financiera de la AFI. Así ya lo decidió Gustavo Arribas, titular del organismo. El funcionario es un enemigo enconado de Alejandra Gils Carbó dentro de las paredes del ministerio público fiscal.

El fiscal, que ahora está de licencia médica, fue nombrado en la Procuración a partir de sus relaciones con Angel Agüero Iturbe, jefe de los fiscales durante el menemismo.  En 2004, fue designado como fiscal subrogante de la fiscalía número 2 ante la Cámara de la Seguridad Social, situación que se extendió después de la muerte del funcionario titular Rodríguez Fox y por autorización del titular del Ministerio Público de ese entonces, Esteban Righi.

En 2002, Miragaya fue desplazado de la sede central de la Procuración luego de que se abriera una investigación sobre su patrimonio a partir de una investigación periodística. Se le adjudicaban dos casas lujosas en Capital, otra en Punta del Este, lancha, 4×4 y 2 cuatriciclos.

Otra historia llamativa que involucra a Miragaya tiene que ver con su hija, Julieta Mora. Ella figura como socia de “Jubilate Ya”, una empresa que se encarga de gestionar trámites jubilatorios, justo en el fuero de su padre. Desde 2012 Mora tiene un cargo en el Ministerio de Justicia porteño.

Gils Carbó suele decir que Miragaya está detrás de las denuncias en su contra y que su verdadera intención es ir a la AFI para investigarla y hallar elementos para continuar  la presión sobre la procuradora para que esta deje el cargo.

Hace dos años Miragaya se presentó ante la Corte Suprema como “amicus curae” en la causa “De Martino, Antonio Conrado s/ su presentación”, que investiga la designación de María Alejandra Cordone Rosello como fiscal ad hoc. El nombramiento llevaba la firma de la Gils Carbó. Miragaya cuestionó el procedimiento llevado adelante por su jefa.

En la misma causa, se presentaron las organizaciones CELS, CIPCE e INECIP, que piden justamente ser incorporadas como “amicus curae”. Las tres entidades defendieron lo actuado por la Procuradora.