Por Gabriela Oprandi.

La ley de trata fue sancionada en 2008, pero desde agosto del año pasado, un proyecto de modificación que tiene media sanción en el Senado, espera ser tratado en Diputados. En el Boletín Oficial de hoy se convoca a realizar sesiones extraordinarias para que se debata el proyecto entre el 18 y el 31 de diciembre próximos.

Si el proyecto que intenta modificar algunos artículos de la ley no era debatido antes de fin de año, el mismo iba a perder estado parlamentario. ¿Había que llegar a la instancia en que un fallo absolviera a trece personas para que el tema entrara en discusión?  ¿Por qué el proyecto de modificación de la Ley 26.364 hace más de un año que descansa en la Cámara de Diputados? Si el proyecto se debate ya, ¿qué podría aportar a la problemática de la trata?

Especialistas consultados por este portal coinciden en que el pedido de la Presidenta es muy importante para que finalmente se discuta el proyecto. Algunos creen que fue “una reacción tribunera”,  de querer sacar algo ya y que no se analice en profundidad; y otros apoyan la medida sin cuestionamientos.

Marita fue secuestrada en abril de 2002.

“Hace más de dos años que venimos pidiendo por este tema. El proyecto estuvo todo el año durmiendo en Diputados, a pesar de que sabemos que algunos diputados pedían debatir la reforma”, comenta a Crimen y Razón Fabiana Tuñez, coordinadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Tuñez señala además que hablaron con varios niveles del Poder Ejecutivo que les demostraban interés, “pero nada hasta ahora pasó”: “Desde la Casa del Encuentro pedimos todo el año que se debatiera la reforma, pero parece que siempre había una ley más importante que ésta. Ahora como el fallo de Marita es indignante y el repudio fue de toda la sociedad es que se pide que se trate de manera urgente”.

Tanto Tuñez como otros especialistas en el tema consultados, explicaron que de reformarse la ley nada cambiaría con respecto al caso de Marita Verón y tampoco de otros casos de chicas que hayan sido víctimas de trata antes de 2008, año en el que se sancionó la ley.

A través del decreto 2410/2012, firmado por Cristina Fernández de Kirchner y su jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se convocó a sesionar desde el 18 hasta el 31 de diciembre de 2012. Entre los temas a discutir, se destacan la «consideración de acuerdos para designaciones y promociones» y la «consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales».

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que vienen aportando informes y análisis a la Comisión de Legislación Penal que tenía que debatir el tema sostienen que “la reforma de la ley es una oportunidad para saldar incoherencias y vacíos; así como también para ofrecer mejoras con relación a la política criminal y /o a la atención de las víctimas”. Desde el Inecip, subrayan que muchos de los problemas que se arrogan a la ley 26.364, “la exceden en tanto son derivados de la estructura organizativa de la justicia federal para la investigación de delitos complejos. Las dificultades de procedimiento se visualizan con claridad cuando convergen en las investigaciones la justicia federal y alguna justicia provincial con sistema acusatorio. Por lo tanto, más allá de los cambios necesarios que puedan realizarse a la ley de trata, los mismos quedarán truncos si a mediano plazo no se reforma integralmente el Código Procesal Penal de la Nación”.

Además de aumentar el castigo a los implicados en el delito, la iniciativa aprobada el año pasado por el Senado amplía la protección de las víctimas y erradica como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima. Castiga al proxenetismo con prisión de 4 a 6 años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y también al que promueva o facilite la prostitución de una persona.

Las penas de prisión deben ser de cumplimiento efectivo, y se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

“Se hicieron varias observaciones a la media sanción del Senado y sería bueno que la Comisión que la trate las tenga en cuenta. La ley necesita la reforma, pero eso no resolverá el problema de la política de la trata”, explica Sidonie Porterie, del Inecip, quien además agregó que “no va a cambiar nada con respecto al caso de Marita, porque el caso se investigó como un secuestro y no como trata”.

Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero y coordinadora Nacional  de la RATT, considera que es urgente que se trate en el Congreso. “Es necesario tratar la modificación de la ley 26.364 ya que la misma violenta los derechos humanos, es discriminatoria respecto de las mujeres mayores de edad, establece penas absurdamente bajas para un delito de lesa humanidad, no establece con claridad los derechos de las víctimas, no crea un programa nacional de combate contra la trata, entre otros problemas”, señala Assorati quien remarca: “La ley vigente no cumple con los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina y, el tipo penal agrava la situación de amenazas en la que se encuentran las víctimas”.