| Tras el desalojo del predio Papa Francisco

Todavía hay 400 familias en la calle

La desocupación del terreno no oculta que el principal problema es la falta de vivienda en la ciudad y los negocios que se generan a partir de la necesidad.

En el operativo participaron la Metropolitana y la Gendarmería.

En el operativo participaron la Metropolitana y la Gendarmería.

Por Javier Sinay

De las 400 familias afectadas por el desalojo del predio ocupado y conocido como “Papa Francisco”, en Villa Lugano, hoy la mayoría permanece repartida entre los paradores que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene en los barrios de Parque Chacabuco, Parque Avellaneda y Barracas. Otro tanto está en el campamento que todavía se sostiene en la entrada al improvisado ex barrio, en el cruce de las calles Fernández de la Cruz y Pola. Por último, hay familias que, también, han encontrado refugio en la casa de sus parientes o han regresado a la villa 20, de donde provenía el grueso de las personas que se afincó en los terrenos hoy desalojados por el gobierno de la Ciudad.

El homicidio de Melina López fue el detonante que llevó a tres fuerzas de seguridad a desterrar a los habitantes del predio, con más de 2000 efectivos, después de seis meses de ocupación. Cinco punteros (entre ellos, Marcelo Chancalay, ex presidente de la comisión vecinal de la villa 20) habían organizado la toma ofreciendo los terrenos en venta a vecinos de la villa 20 necesitados de vivienda en febrero. Hoy, esos punteros están procesados, pero en libertad.

“Hay una ley del año 2005, la número 1170, que ordena que se urbanice la villa 20: debemos exigir que se cumpla”, dice José Campagnoli, legislador del Frente Para la Victoria (FPV), que estuvo presente el día del desalojo, y recibió en su propio cuerpo los golpes de la Policía Metropolitana.

“La urbanización está prevista para diciembre de 2015, según un fallo de la jueza Elena Liberatori: esperemos que el gobierno de la Ciudad no lo apele”, dice Campagnoli, y propone generar una fuerte demanda social para apoyar la urbanización. “El gobierno de la Ciudad disminuyó el presupuesto destinado a vivienda de un 4% a un 2,5% y subejecutó en todos estos años 2500 millones de pesos en esa área; además desalojó el predio con el argumento de sanear los terrenos, pero tuvo varios años para hacerlo de verdad antes de la llegada de la gente y nunca lo hizo”.

El desalojo fue autorizado por la jueza Gabriela López Iñíguez, del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires número 14. La orden indicaba que el operativo se realice “al alba” por efectivos de la Policía Metropolitana con asistencia de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, consideró después que el operativo fue un éxito. “No permitiremos que las mafias se aprovechen de la necesidad de otros. Desde el primer día de la toma el Ministerio de Desarrollo Social se hizo presente para ofrecer alojamiento y se evaluó caso por caso, se hizo un censo y también sobre el resto de la villa 20”, dijo después del desalojo la vicejefa de gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, en conferencia de prensa.

El legislador Campagnoli, que el día del desalojo llegó al predio ocupado a las 9:30 de la mañana, resultó golpeado cuando, junto a los legisladores Pablo Ferrerya (de Seamos Libres), María Rachid y Paula Penacca (ambas, de FPV), se interpuso para defender a un joven que estaba siendo castigado duramente por policías de la Metropolitana.

“Hice una denuncia penal contra esa fuerza”, dice ahora. Los demás diputados de la Ciudad también hicieron las suyas: Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra (el militante del Partido Obrero asesinado en una manifestación) recibió tres impactos de bala de goma.

Detrás del desalojo se adivinan intereses en juego. “Hay personas con poder dentro de la villa, personas que no son vecinos comunes, y que quieren acrecentar su poder a través del lucro con la gente que no tiene vivienda”, explica Lucas Manjón, miembro de la Fundación La Alameda, de 28 años, que estuvo presente el día del desalojo. “La policía fue bastante violenta”, sigue. “Le dieron a la gente diez minutos para retirar sus elementos de cada casa, y no permitieron que de cada operación participaran más de dos personas. O sea que, en definitiva, nadie pudo salvar casi nada”.

Manjón participó en los seis meses anteriores del trabajo comunitario que la organización desarrolló con los vecinos en el barrio Papa Francisco y asegura que la gente necesitada ha quedado de rehén. “Las personas que fomentan la toma logran que la gente sin vivienda vaya, y cuando ya está asentada es expulsada y los terrenos son comercializados y vendidos a otra gente sin casa: se genera una cadena de necesidad”. En el negocio formulado en el barrio Papa Francisco hubo gente que llegó escapando de la villa 20, donde hay alquileres de dos mil pesos por mes en cuartos de 4 metros por 4.


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