Por Laura Alonso*

El acceso a la información, la libre circulación de ideas y el pluralismo son pilares esenciales de una sociedad democrática. Todos conocemos el contexto en el que se debatió y aprobó la ley de medios en 2009. A nadie –ni siquiera a los jueces del máximo tribunal– se les puede escapar el dato de la guerra que Cristina y Néstor Kirchner declararon contra el Grupo Clarín después de la crisis del campo y que se agudizó con la derrota del oficialismo un año después.

En el debate, varios especialistas y ONG advirtieron que el diseño de la autoridad de aplicación era clave para garantizar que el objetivo buscado y proclamado por los promotores de la ley se cumpliera con equilibrio y sin discriminación. Varios llamamos la atención sobre la necesidad de completar el entramado institucional con una ley de acceso a la información pública y la necesaria regulación de la publicidad oficial. Ninguna de estas cuestiones fue promovida por la primera minoría parlamentaria en estos años, a pesar de la insistencia de varios bloques opositores.

Durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Asociación por los Derechos Civiles alertó sobre la “ falta de autonomía de la autoridad de aplicación”. Señalaba que “la AFSCA estaría integrada por una mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo, quedando bajo influencia y control del gobierno de turno”. El CELS sostuvo que “lo fundamental es que no esté sometida a injerencias políticas del Gobierno, ni del sector privado vinculado a la radiodifusión”. Varios legisladores opositores observaron este mismo punto. Sin embargo, la ley fue aprobada sin modificaciones.

Sabbatella aplicó la ley de manera irregular y desigual. En la Argentina no existen las condiciones para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales en materia de libertad de expresión. El presidente de la Corte ha anticipado nuevas controversias en la aplicación de la ley. Queda esperar que la Justicia y el Congreso actúen en defensa de la Constitución Nacional.

*Diputada nacional PRO.

Fuente: Clarín.