Pérez Corradi está detenido en varias causas.

El empresario farmacéutico Esteban Ibar Pérez Corradi fue beneficiado con una falta de mérito en la causa en la que se investiga el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008 en esa localidad bonaerense y vinculado al tráfico de efedrina.
La medida fue dispuesta por la jueza federal María Servini luego de haberle tomado 11 declaraciones indagatorias al imputado, quien se desligó totalmente de los homicidios de los empresarios Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35).
En la resolución Servini afirmó que «el cuadro probatorio existente, no permite a esta Magistrada procesar o sobreseer al encausado, fundamentalmente en virtud de prueba pendiente de producción, en gran medida relacionada con las citas de la indagatoria».

Cuando se lo extraditó a Pérez Corradi desde Paraguay la intención del Gobierno era que involucrara al exjefe de Gabiente Aníbal Fernández, pero terminó en la nada porque Pérez Corradi dijo que quien le contó el vínculo del quilmeño con la efedrina fue Forza, muerto en General Rodríguez.

Pérez Corradi sumó dichos incomprobables, por ejemplo:

• Dijo que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado –alineada con la Casa Rosada– le pidió una coima de 500.000 dólares unos años atrás.
• Contó que el dirigente radical Ernesto Sanz cobró 200.000 dólares del rey de la efedrina, Mario Segovia, para impulsar el juicio contra el entonces juez Federico Faggionato Márquez.

Servini consideró que «el encartado no sólo negó rotundamente el hecho que se le enrostra, sino que indicó detalladamente cómo eran sus vínculos comerciales y personales con distintas personas que componen esta investigación», entre otras pruebas.
Según la jueza, a efectos de poder adoptar un temperamento procesal definitivo respecto de Pérez Corradi, resultaría de sumo interés practicar múltiples medidas instructivas que permitan atribuir o descartar su efectiva participación en el hecho aquí investigado.
Pérez Corradi estuvo prófugo durante cuatro años hasta que fue detenido en junio último en Paraguay y trasladado a Buenos Aires, en un espectaclar operativo donde permanece alojado en un predio de Gendarmería nacional. Aunque no se lo procesa por este caso, tiene dos procesamientos dictados por lavado de dinero y tráfico de efedrina.

El imputado dijo ser inocente de los crímenes y no poseer conocimiento fehaciente sobre quien o quienes pudieron haber llevado adelante tal hecho, ni quien o quienes lo hubieren encargado, si así hubiera sido.
Expuso que resultaba imposible pensar que pudo haber sido desplazado de la venta de efedrina por Forza y su grupo, o que se aventurara un desplazamiento, ya que no tenía contacto con quienes operaba uno de los empresarios asesinados.
En tal sentido, dijo contar con dos excelentes clientes que le compraban toda la efedrina que conseguía, le pagaban en efectivo y que nunca tuvo inconveniente con ellos.
Luego dijo que una prueba de que nadie afectaba su negocio de efedrina era que tenía pleno conocimiento de la existencia de otras personas que estaban en el mismo, como ser Mario Segovia, el llamado «rey de la efedrina».
Al respecto, manifestó que éstos a veces manejaban incluso más cantidad de efedrina que él, y sin embargo ninguno fue ni siquiera molestado por su persona, porque entendía que el negocio daba para todos y lo primordial era saber manejarse, arreglar con los sectores de control, y que el cliente confíe.
Si bien aceptó que Forza mantenía una deuda con él, dijo que no era la primera vez que ocurría y que su intención siempre fue «tener paciencia», mientras que rechazó haberle enviado una silla de ruedas a su farmacia como amenaza.
En ese sentido, para la jueza es necesario evacuar cada uno de los datos que brindó en las audiencias y producir numerosas pruebas que surgen de la causa que tramitó en Mercedes y por la que los hermanos Cristian (44) y Martín Lanatta (43) y Marcelo (36) y Víctor Schilaci (37) fueron condenados a prisión perpetua.
También resta analizar copiosa documentación reservada y otras causas remitidas (algunas del fuero comercial), que en su totalidad superan ampliamente los 200 cuerpos.
Además, para resolver definitivamente la situación de Pérez Corradi, la magistrada dispuso numerosas declaraciones testimoniales, entre ellas las del ex policía José Luis Salerno y el médico Gustavo Richiutto, quienes dijeron que Pérez Corradi estaba muy enojado con Forza y había ordenado matarlo; además se hará un careo con ambos.
También fueron citados Ricardo Martínez, quien fue condenado en la causa del laboratorio de metanfetaminas en el laboratorio de Ingeniero Maschwitcz, y empleados de Salerno, entre otros.
Otra medida que queda pendiente es la relacionada con el lugar dónde se encontraba una camioneta Dodge Ram propiedad del imputado entre julio y agosto de 2008, para la época de los crímenes.
«Nos encontramos ante un delito complejo, cuya copiosa investigación lleva ocho años de desarrollo, con confusas y oscuras tramas íntimamente vinculadas al desvío de efedrina, a los canales del narcotráfico, la posible participación de personas que integran esferas de poder, la repercusión pública de los hechos y los innumerables escollos con los que debe enfrentarse día a día esta Magistrada para el esclarecimiento de los sucesos», dijo Servini.
Durante el juicio que se realizó en Mercedes, se dio por acreditado que el 7 de agosto de 2008, Martí­n Lanatta convocó a Forza, Ferrón y Bina a una reunión en el hipermercado Wal Mart de Sarandí­­ y Cristian Lanatta los redujo luego en Quilmes, junto a los hermanos Schillaci.
Las tres ví­­ctimas fueron asesinadas a balazos, por la espalda, por dos tiradores, y sus cuerpos fueron posteriormente guardados en algún freezer.
Luego, los cadáveres fueron arrojados en un zanjón del partido de General Rodrí­­guez, donde fueron encontrados seis dí­as después, el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados con precintos.
Además de atribuirle la autoría material a la pareja de hermanos, los jueces de Mercedes consideraron que Pérez Corradi había sido el autor intelectual de los crímenes en base a la prueba reunida en el debate oral.