La causa del Correo tiene 18 años en trámite.

El Correo S.A. la empresa de la familia Macri, que se vio favorecida con un escandaloso concurso durante la presidencia que se fue hace una semana, quedó al borde de la quiebra luego de que la Sala B de la Cámara en lo Comercial resolvió hoy abrir el proceso de salvataje, un paso previo para decretar la disolución de la compañía que fue estatizada durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La resolución fue firmada hoy por la juezas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero al rechazar un nuevo planteo de la empresa concursada, luego de que las propuestas de pago de las deudas de la compañía fueron rechazadas por los representantes del Estado. La paradoja fue que durante los cuatro años de la presidencia de Macri su familia estuvo de los dos lados del pleito.

Las camaristas sostuvieron en su fallo que «no habiendo sido obtenida la conformidad requerida al Estado Nacional, no cabe más que confirmar la resolución de Primera Instancia en cuanto decide la apertura del Registro de cramdown».

En un último planteo para postergar una decisión, los abogados del del Correo sostuvieron que debería considerar al Estado -el principal acreedor del concurso- como un acreedor hostil, pero esa cuestión fue rechazada por los jueces al sostener la decisión de la jueza de primera instancia de abrir el proceso de salvataje o registro de cramdown.

La decisión de la juezas

Las camaristas dijeron que “a la luz de los acontecimientos señalados, no se advierte que el Estado Nacional haya actuado de modo hostil a lo largo de este proceso concursal” y agregaron que “el Estado Nacional no se opuso a la reapertura del período de exclusividad decidida a fs. 17.519, concurrió a las audiencias celebradas durante la etapa de «indagación-negociación» y consintió todas las propuestas de la Juez de grado para conciliar su posición con la de la concursada.”

La apertura del registro de cramdown se habilita durante cinco días y se trata de un proceso en el cual se pueden anotar otras compañías interesadas en la compra de la firma, para reemplazar a los empresarios que llevaron a la situación de concurso a la empresa en crisis. En este caso el Estado, se anota en el registro como el resto de los acreedores, no tiene preferencias pese a ser el principal acreedor.

“El registro de cramdown se abre por imperio del artículo 48 de la Ley 24.522 para que se inscriban los interesados en adquirir las acciones de la empresa. No sólo tiene que inscribirse sino que después van a tener que negociar con todos y cada uno de los acreedores para obtener las mayorías que requiere la ley que son dos terceras partes del capital quirografario”, explicó una fuente con acceso a la causa sobre el significado de la medida adoptada hoy.

El registro

“El Estado como cualquier acreedor y como cualquier tercero se puede inscribir en ese registro. Pero no se queda compensando ni nada, tiene que pagarle a todos los acreedores. También puede la concursada competir con ellos haciendo propuestas a los acreedores. Es decir, se hace cargo de la deuda anterior y de la deuda posterior al concurso, porque lo que se adquieren son las acciones, pero no los activos, pero acordando con los acreedores la forma de pago”, agregó la fuente.

Para que la empresa concursada pueda competir en el registro tiene que haber otros interesado en adquirir las acciones. Si no se presentan otros interesados, la concursada, en este caso el Correo S. A. no se puede inscribir y al cabo de cinco días se cierra el registro. Después de ese lapso se dicta la quiebra.

La familia Macri se hizo cargo del Correo en 1997, durante el festival de privatizaciones del presidente Menem, pero apenas cuatro años después pidió el concurso de la compañía luego de haber dejado de pagar los canones a los que se había comprometido. El concurso se prolongó durante 18 años y en 2017, en plena presidencia de los Macri, la compañía presentó un plan de pago que implicaba la condonación de más del 98 por ciento de la deuda. En su momento, la fiscal de Cámara Gabriela Boquín estimó el monto del perjuicio para el Estado como principal acreedor de unos 70 mil millones de pesos.