Baez está preso hace seis meses.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez, quien está procesado por lavado de activos y esta semana cumplió medio año detenido en el penal de Ezeiza.
El magistrado emitió un fallo en el que recordó que el procesamiento por lavado de activos «fue confirmado por el Tribunal revisor», hecho que evidenciaría «la flaqueza de lo pretendido (por la defensa), en tanto luce como un intento tardío de objetar lo que ya fue revisado y homologado».
«La confirmación de un auto de procesamiento por parte de la Cámara es un argumento de peso para rechazar un planteo de este tenor», sostuvo el titular del juzgado federal 7, quien compartió la postura con el representante del Ministerio Publico, el fiscal Guillermo Marijuan.
El planteo realizado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro se basó en la presunta «inexistencia de delito precedente que justifique la figura de lavado de activos», en tanto que alegaron que el dinero con el que trabajaba su defendido era «legítimo» y que «no se puede lavar dinero blanco».
«El dinero que giró el Estado, era legítimo. Con todo, las conductas neutrales que se les adjudican a mi
asistido, las cuales, con gran dificultad, pretenden encuadrar a la figura típica de legitimación de activos de origen delictual mal podrían consistir en una legitimación/blanqueo/lavado si el dinero era legítimo y provenía de una actividad lícita», habían argumentado.
El magistrado les respondió que «la aseveración de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era dinero lícito o legítimo producto de las ganancias declaradas por la realización de obra pública, es lisa y llanamente una alteración de los términos del reproche».
«La lectura de los autos de procesamiento demuestra con claridad meridiana que las conductas fueron interpretadas dentro de un detallado cuadro contextual que abarcó no sólo las graves denuncias de corrupción vinculadas a Lázaro Báez como contratista del Estado que tramitan ante otros juzgados, sino investigaciones propias como la iniciada por la diputada Margarita Stolbizer –quien asumió la
calidad de amicus curiae-, que echaron luz sobre flujos de capitales negros», sostuvo.
El magistrado sostuvo que la investigación permitió «forjar la fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, llevada adelante por Austral Construcciones S.A. (de Báez), en la cual las facturas apócrifas han constituido el ardid utilizado por la firma, como mínimo, para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado y defraudar, de tal modo, al
Fisco por sumas millonarias”.
El empresario que forjó su fortuna como concesionario de obra pública fue detenido el 5 de abril cuando aterrizó en el aeropuerto de San Fernando, procedente de Rio Gallegos. La detención se produjo porque presuntamente Báez no infromó el plan de vuelo a las autoridades pertinentes.
El empresario tiene dos procesamientos confirmados: uno es por miles de dólares contados en la financiera SGI, conocida como La Rosadita, y el otro por los 33 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de su empresa en el Banco Nación, en cheques 9 por 209 millones de pesos, desde Suiza.