Etchevehere tiene una indagatoria pendiente.

La Justicia resolvió hoy no hacer lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos de la familia Etchevehere.

De esta forma, reconoció los derechos de Dolores, quien denunció que sus hermanos la corrieron de la herencias y los acusó de cometer diversos delitos.

La Justicia de Entre Ríos propuso a las partes «pensar una solución pacífica y armónica», algo que reclama Dolores hace más de diez años.

Dolores Etchevehere «probó en la audiencia que fue declarada también heredera» de los predios, según afirmó el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, en su resolución de este mediodía.

En el fallo, el magistrado remarcó que el ingreso al predio fue «pacífico y sin violencia» y que la denuncia contraria no indicó ni probó «un hecho violento más que el número de personas» presentes.

Disputa judicial

El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia, entre ellos el exministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos Luis Etchevehere.

Dolores Etchevehere busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales en esa provincia.

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Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de unas 40 personas ingresaron a «Casa Nueva», y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar.

Allí realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a los trabajadores del lugar donde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo «el normal trabajo e intimidándolos».

La fiscalía había adjudicado «violencia y engaño» por parte del grupo encabezado por Dolores, pero el juez no indicó ni probó «otro hecho violento más que el número de personas», por lo que luego aclaró que «en realidad fue pacífico y sin violencia».

No hubo violencia

En su fallo, el juez resaltó que la denuncia sobre una usurpación del inmueble con violencia no se comprobó ya que no se aportó «prueba alguna de que alguno de ellos haya desplegado violencia o algún tipo de amenazas».

Los abogados querellantes habían denunciado un «engaño» para poder ingresar y «darse a conocer como heredera»; pero el juez recordó que los empleados «saben que los patrones son la familia Etchevehere».

El juez dijo también que la fiscalía probó que Dolores también es heredera, pese a las maniobras que realizaron sus hermanos.

Por ende, «no hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere», agregó en el fallo.

El juez Flores dedujo que los herederos omitieron «inventariar el inmueble donde se asienta el campo Casa Nueva» y a la fecha «no hay partición», por lo que los hermanos son «condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio».

Son dueños

Además, destacó que «eso dejaría en pie» una asamblea societaria en la cual Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva.

Finalmente, el juez resaltó que la disputa familiar por la herencia «no puede ser resuelta en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado».

Además, el juez sostuvo que no se acreditó el delito y por ello no se puede ejecutar «la medida cautelar de desalojo», que reclamaron sus hermanos.

«Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces», concluyó el juez.