La resolución de Caamaño.

En el discurso que dio cuando asumió, el presidente Alberto Fernández dedicó un extenso pasaje a describir la grave situación de la Justicia. Y sus primeras decisiones en ese ámbito apuntan a limpiar el fuero federal y darle mayor transparencia.

Uno de los objetivos es limitar al mínimo la injerencia de los espías, dedicados a operaciones de todo tipo, según ha quedado demostrado en la causa que lleva el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que tiene al falso abogado Marcelo D´Alessio como el principal imputado.

En esa línea, la designada interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dispuso hoy que se reduzcan al mínimo los casos en los que ese organismo participa de investigaciones criminales como auxiliar de justicia con el objetivo de abocar a esa agencia a la producción de inteligencia en los campos establecidos por ley.

Caamaño firmó una resolución en la que estableció que «los medios técnicos y humanos” de la AFI “se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional, legalmente establecidos por la ley” de inteligencia.

La resolución de Caamaño

La resolución de cinco páginas y cinco artículos, incluye una crítica un crítica al decreto 656 de mayo del 2016 con el que el gobierno pasado permitió que los servicios de inteligencia volvieran a manejarse con fondos reservados.

“El mismo implicó un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”, sostuvo Caamaño en la resolución que, según fuentes vinculadas a la AFI, se publicaría mañana en el Boletín Oficial.

En la misma resolución, la interventora de la AFI dispuso “la reducción al mínimo de casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, en consecuencia, su participación como auxiliar de justicia ciñéndose exclusivamente a las materias propias de este organismo establecidas legalmente”.

La resolución tiene además un artículo en el que se establece la necesidad de comunicar su contenido “a los jueces y fiscales con competencia penal en todas las jurisdicciones del país” a los efectos de que “apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción”