El juez Lorenzetti y la ministra Losardo.

Desde que Alberto Fernández dijo seis veces nunca más durante la Asamblea Legislativa del martes al referirse al calamitoso estado de la Justicia, hubo muchos magistrados que sintieron que les había llegado la hora. Varias veces Fernández había expresado sus críticas a la Justicia y a algunos magistrados con nombre y apellido, pero nunca fue tan enfático como el día en que se convirtió en Presidente de la Argentina.

En ese mismo mensaje anunció que se enviará al Congreso un paquete de medidas para mejorar el servicio de Justicia. Y aunque hasta ahora no se conoció la letra del proyecto, se sabe que se buscará darle celeridad a la instrumentación del Código Procesal Penal -suspendida por Macri por decreto en 2015- por el cual las investigaciones pasan a ser encabezadas por los fiscales, mientras que los jueces pasan a tener un rol de control sobre las garantías del proceso. Otra de las variantes es terminar con la competencia exclusiva del fuero penal federal y sumarle el ordinario, de manera de terminar con la preponderancia de los 12 jueces federales de Comodoro Py.

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Pero los cambios que se vienen, no serán gratis, dice una abogada que transita a diario los pasillos de los tribunales de Retiro. Hay algunas jueces que ya se pintan la cara para ir a la guerra. Por caso, la confirmación este jueves de Martín Irurzun como presidente de la Cámara Penal Federal fue interpretada como toda una señal en ese sentido. 

Irurzun fue el creador de lo que se conoció como doctrina Irurzun, según la cual los ex funcionarios kirchneristas acusados debían permanecer detenidos porque eran poseedores de “un poder residual” que les permitiría influir en causas en trámite. Esa arbitrariedad quedó erradicada por la Comisión Bicameral del Congreso que ordenó que entraran en vigor los artículos del CPP que regulan la prisión preventiva.

«Algún día Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno», había dicho Fernández a mediados de mayo, cuando todavía ni siquiera era candidato a presidente, pero defendía a Cristina Kirchner en un reportaje por la multiplicidad de causas y procesamientos que se le dictaron sin la existencia de pruebas sólidas.

Irurzun, al frente de la resistencia

Irurzun quedó muy pegado con el macrismo, no sólo por su antojadiza fórmula para encarcelar a dirigentes opositores, sino por su alineamiento público con el gobierno. El caso más notorio fue la reunión que mantuvo con Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, el integrante de la llamada mesa judicial del macrismo, según publicó el portal El Cohete a la Luna, el 30 de septiembre de 2018. El columnista Horacio Verbitzky publicó una foto de la reunión, en un lugar público, para explicar la convivencia entre el macrismo y algunos de los jueces federales.

La designación de Irurzun no sorprende: fue elegido por otros camaristas que también fueron designados en ese lugar por el gobierno que se fue y sólo uno de ellos desembarcó por concurso. Los otros dos fueron trasladados desde otros tribunales orales, para los cuales habían sido elegidos originalmente.

Cómo en su momento lo dijo el Presidente Fernández, quienes más quedaron identificados con Cambiemos fueron los jueces de primera instancia Julián Ercolini (a quien Fernández había recomendado como juez durante la presidencia de Néstor Kirchner) y Claudio Bonadio (el juez que en forma mágica se quedó con todas las causas de CFK).

En tribunales anotan en esa lista a Ariel Lijo, un juez federal muy cercano al ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien fue el artífice desde el máximo tribunal de la persecución orquestada contra los ex funcionarios kirchneristas. Y una fiscal de una tribunal oral dice que el juez nacido en Rafaela también se pinta la cara para ir a la guerra. Su cara de desconcierto durante la Asamblea Legislativa fue por demás significativa. Los camaristas de Casación que quedaron muy pegados al macrismo son Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, entre los más notorios.

Los estrategas del Gobierno

Fernández designó como ministra de Justicia, a Marcela Losardo, a quien conoce desde que los dos eran estudiantes de derecho, socia en su estudio jurídico, y compañera de Fernández en otros cargos que ocupó en la función pública antes de llegar a la Presidencia. Esta semana se decidió que el viceministro de la cartera será Juan Martín Mena, un hombre muy cercana a CFK, que fue subsecretario de Política Criminal en el mismo Ministerio, durante la gestión de Julio Alak, y fue subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia en el año 2015.

Ellos dos son quienes deberán lidiar con los jueces que se preparan para resistir. Pero tendrán el acompañamiento de otras decenas de jueces, fiscales y funcionarios que están horrorizados por lo ocurrido durante los últimos cuatro años.

Quien tendrá un rol central en la instrumentación del nuevo CCP, será el nuevo procurador, es decir, el jefe de los fiscales. Si bien se puso a circular el nombre del juez Daniel Rafecas para ese cargo, hay quienes dicen que ya fue descartado, y que el candidato es otro juez, pero de la Cámara Nacional de Casación Penal.