El juez en lo contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo fue un dolor de cabeza para Mauricio Macri, cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el dictado de fallos que cuestionaban a su administración.
Ahora, dictó un fallo que suspendió las fiestas bailables en locales comerciales en el ámbito de la ciudad, una medida que fue calificada por Horacio Rodríguez Larreta, como un disparate y anunció una apelación.
Por la tarde, otro juez del mismo fuero, Lisandro Fastman, dejó sin efecto la medida adoptada por su colega, de una audiencia con la Agencia Gubernamental de Control y los titulares de la cámara que agrupa a los dueños de discotecas.
Gallardo, que se enrola en un grupo de jueces cercanos a los sectores más relegados, dictó –desde la época de Aníbal Ibarra- varios fallos en contra de la administración porteña. Y pagó su precio: siete denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron por destino el archivo.
Después de haber pasado por la Defensoría General de la ciudad, Gallardo volvió hace tres años a su cargo como juez al fuero Contencioso, Administrativo y Tributario (que entiende en las cuestiones en las que la ciudad es parte).
El juez prohibió hoy «toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada» luego de lo ocurrido el 16 de abril pasado en la Time Warp en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes por consumo de drogas, al constatar que se siguen realizando «fiestas electrónicas y otras actividades en incumplimiento a la normativa vigente, y fuera de todo control de las autoridades».
La resolución la tomó el juez Roberto Gallardo al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, presidida por Sergio Sánchez, amigo del papa Francisco; y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Definiciones de Roberto Gallardo
Crimen y Razón entrevistó al juez Gallardo hace dos años. Este es un fragmento de ese reportaje:
“A grandes rasgos, creo que hay jueces que cumplen con su función sin concesiones y otros que confunden su rol y son contemplativos o mediadores”, sigue. “Los que pertenecemos al primer grupo pagamos el precio de nuestra conducta todos los días. Pero es lo que queremos hacer y lo hacemos con orgullo y pasión. Los otros defraudan a la sociedad con su falso rol y se asustan cuando se habla de una ‘nueva justicia’ en la que no tienen espacio. En cuanto a los jefes de gobierno, Mauricio Macri es un patrón de estancia y se comporta como tal con la Justicia; ya lo he sostenido en varias oportunidades. Su antecesor, Aníbal Ibarra, no soportó el control judicial, pese a ser un judicial. En su breve mandato, Jorge Telerman actuó con prudencia y acatando decisiones. Es un hombre formado y prefiere dialogar y concensuar: claramente el mejor de los tres en su relación con la Justicia”.
– ¿Qué opina de la reforma del sistema judicial?
– Reformar el sistema judicial es una necesidad. La institución Justicia tiene en la Argentina una conformación, integración y códigos no escritos de funcionamiento, que se corresponden con principios del siglo pasado. Esa es su matriz: elitista, autoritaria, ininteligible, suprema y formalista. Si tenemos en claro que las instituciones no son sino la sumatoria de las conductas de los hombres que las integran, es obvio que para cambiar este perfil se debe incidir en forma directa en la composición humana de la Justicia; ello es, quiénes ingresan, quiénes ascienden y quiénes son los que se van de su estructura. Esas determinaciones no pueden seguir quedando en manos de las corporaciones y en ese contexto la reforma planteada me parece auspiciosa.
– ¿Cómo repercute esa reforma sobre los sectores más relegados?
– Si las reformas propuestas son bien aplicadas y los cargos del Consejo de la Magistratura se cubren con personas honestas y comprometidas con una mutación sustancial del Poder Judicial, se habrán dado las condiciones para que el sistema se encamine a ser efectivamente accesible para los pobres. Hoy lo es sólo en términos nominales en la mayor parte de las jurisdicciones. La Justicia que cree en la igualdad de los contrarios en un pleito, prescindiendo de las reales condiciones de cada uno, sólo reproduce las desigualdades y deja a los pobres afuera del sistema. No habrá Justicia real hasta que no exista una verdadera discriminación inversa, potenciando a los sectores pobres por sobre los concentrados de riqueza.
– ¿La Justicia está pensada para beneficiar a los ricos?
– La Justicia está escrita en general por los sectores poderosos. Ellos tienen legisladores, juristas y académicos enrolados para servirles. Y lo hacen muy bien. Los pobres no tienen voz en el Poder Judicial. Sin embargo son más de la mitad de los habitantes del país… qué paradoja, ¿no? Ahí está la respuesta a su pregunta. Para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más cantidad y más pobres, es necesaria una lógica que, oculta tras las formas democráticas, posibilite ese statu quo. La Justicia es un eslabón estratégico de esa dinámica.