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Qué fundación yanqui está detrás del traslado del programa de arrepentidos al Poder Judicial

El ministro Garavano llevó el proyecto del decreto para consultarlos con los miembros de la corte.

Garavano con el último favor para Avina.

Semanas atrás, desde los medios más oficialistas, se empezó a agitar la posibilidad de que el programa de imputados colaboradores y arrepentidos que maneja el Ministerio de Justicia pasara a la órbita del Poder Judicial.

El argumento que se esgrimió es que los arrepentidos que fueron usados para acusar a ex funcionarios del gobierno anterior no se sentirían a gusto, cuando el peronismo acceda nuevamente al poder tras la salida de Mauricio Macri.

Pero la iniciativa, que se anunciaba como inminente, tuvo un abrupto freno cuando desde el Poder Judicial se dejó trascender que no existía ningún interés en hacerse cargo de esas atribuciones, usados por el gobierno saliente para perseguir a los opositores.

De todos modos, Germán Garavano visitó la Corte Suprema esta semana para llevar el decreto presidencial por el cual se traslada el programa de protección de testigos a la órbita del máximo tribunal.

El pase del programa

Los ministros de la Corte le hicieron saber que no desean el traspado por la mala experiencia que ya tuvieron en ejercicios similares como ocurrió con el traslado de la oficina de las escuchas que devino en una sucesión de filtraciones y operaciones mediáticas.
El hombre detrás de ese decreto es un amigo de Garavano. Se llama Carlos March y es el director en Argentina de la Fundación Avina, entidad que aplica diversos programas de Gobierno y que tiene respaldo de Coca-Cola, Citigroup y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Según contaron a CyR desde el Ministerio, March estuvo desde la debacle de las PASO insistiéndole a Garavano con ese decreto para sacar del Ejecutivo la protección de testigos clave contra el gobierno anterior.

Con la ayuda yanqui

No sorprende porque March además es un hombre muy cercano al Grupo Clarín, empresa que se ha favoreció de integrantes de ese programa de protección de testigos, como fuera el caso de Leonardo Fariña.
Fue bueno mientras duró. Fariña dejó de pertenecer al programa días atrás. Comunicó al Ministerio que prefiere seguir sin protección. No tiene miedo de lo que vendrá o prefiere que nadie sepa por donde anda.
En la cartera cuentan que el ministro de Justicia siempre ha sido muy cercano a Avina, participando en múltiples actividades de esa ONG con la cual ahora tiene un último gesto antes de la despedida.