El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti procesó a 28 personas, acusadas del delito de lavado de dinero, agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una banda, algunos imputados también por participar de actividades de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, los 284 vehículos incautados en el marco del operativo denominado “Lavado total”, quedaron afectados a la investigación, al igual que cinco inmuebles. La pesquisa, en la que intervino la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Nicolás Czizik, comenzó como una derivación de la causa –que tuvo condena en juicio oral de Juan Manuel Mariscal- por el transporte de 153 kilos de cocaína. Pero también se entrecruzaron otras investigaciones por narcotráfico.

En concreto, la tarea investigativa está orientada a “constatar la existencia de conductas vinculadas a la ocultación de bienes adquiridos producto de las ganancias que dejaría actividades tales como el tráfico ilícito de estupefacientes, mediante maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, dando a ellas una apariencia lícita cuando su origen sería espurio”.

A principios de septiembre, se realizaron más de 30 allanamientos en el marco de esta causa, denominados por la Policía Federal Argentina como “Operación Lavado Total”. En ese momento, se ordenó la detención de varias personas y el secuestro de una gran cantidad de vehículos, donde se encontraron varias armas de fuego. El pasado viernes, el juez Inchausti resolvió la situación procesal de treinta personas, 20 hombres y 10 mujeres: 14 fueron procesados con prisión preventiva, 14 sin prisión preventiva y sobre dos personas, un varón y una mujer, se dispuso la falta de mérito respecto al delito de»almacenamiento de estupefacientes», aunque fueron procesados sin prisión preventiva por tenencia ilegítima de un arma.

En el marco de los allanamientos se afectaron a la investigación cinco inmuebles, se secuestraron 284 vehículos, y otros 49 automotores se mantienen con orden de secuestro al no ser encontrados en los domicilios allanados. En la resolución judicial, el magistrado distinguió entre aquellos bienes que pertenecían a los imputados que se encuentran fugados y con pedidos de captura; aquellos bienes pertenecientes a los imputados que se encuentra a derecho y que fueron procesados; y aquellos bienes cuyo origen aún no pudo determinarse o se ha solicitado su restitución.

Respecto a los bienes de las personas prófugas, ordenó el decomiso definitivo de un inmueble y 14 vehículos; mientras que determinó el decomiso preventivo, para el segundo de los supuestos, de los otros cuatro inmuebles y 27 vehículos más, todo ello en los términos del artículo 23 del Código Penal. Por su parte, los más de 200 vehículos restantes quedaron afectados a la investigación a los efectos de resolver los eventuales pedidos de restitución o disponer la aplicación de la ley 20.785, que regula los bienes objeto de secuestro en causas penales. Para esta tarea se analiza la documentación secuestrada y el origen de los bienes con los que se adquirieron esos vehículos.

El origen y la hipótesis de la investigación

La investigación tuvo su origen en un importante secuestro de 153 kilogramos de cocaína en el marco de la causa Nº6129, caratulada como “Mariscal Juan Manuel sobre infracción ley 23.737”, y por los cuales se condenó a siete años de prisión a Juan Manuel Mariscal. En ese momento, el fiscal Pablo Larriera motivó la profundización de la investigación respecto de la maniobra de lavado de activos producidos por la comercialización de estupefacientes y a través de la compraventa de automotores por parte del imputado Hugo Alberto Esteban, sus familiares y/o allegados.

Además, tomó como delitos precedentes diversas causas de narcotráfico, entre las que se destacan el transporte, en febrero de 2013, de 153 kilogramos de clorhidrato de cocaína, y de 2802 kilogramos de marihuana, en agosto de 2015, entre otras.

De acuerdo a la resolución de Inchausti, se logró acreditar la existencia de dos grupos compuestos por personas organizadas vinculadas o allegadas entre sí, que producto de actividades ilícitas, particularmente relacionadas al narcotráfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio (consistente básicamente en bienes muebles, en particular rodados, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita. Y ese patrimonio sería puesto en circulación en el mercado local mediante diversos negocios jurídicos –con intervención de personas jurídicas y/o físicas – logrando que adquieran así la apariencia de un origen lícito.

Fuente: Fiscales.