Cristina es investigada por Palmaghini.

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ordenó identificar cuáles fueron los teléfonos fijos y móviles que utilizó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante los días previos y posteriores a la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman.

La magistrada dispuso también que la medida alcance a otros dirigentes ligados al kirchnerismo como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a funcionarios del área de inteligencia y a aquellos que habían sido denunciados por Nisman, como el ex juez Héctor Yrimia.

Es in giro inesperado en la causa cuando aún no se determinaron las causas de la muerte del fiscal: mientras no se determinó si fue un suicidio o un homicidio, la jueza investiga los eventuales vínculos políticos con el caso.

Se trata de una concesión a las querellas que sostienen que Nisman fue asesinado, pese a que la mayor parte de las pericias incorporadas en la causa sostienen que no hubo evidencias de una tercera persona en el departamento.

Tras determinar con qué teléfonos se comunicaban los investigados, Palmaghini podría solicitar un informe de entrecruzamiento de llamadas, algo que hace tiempo viene solicitando el abogado de la madre de Nisman, Pablo Lanusse, según informaron fuentes judiciales.

Los pedidos de la magistrada están enmarcados en la causa en la que se investiga la muerte de Nisman quien el 18 de enero de 2015 fue encontrado en el baño del departamento que ocupaba en una lujosa torre de Puerto Madero con un balazo en la cabeza.

La causa, que fue enviada al fuero federal y devuelta a la justicia ordinaria, sigue caratulada como «muerte dudosa» y tiene como único imputado al presunto asistente informático de Nisman, Diego Lagomarsino, dueño del arma de la cual saló el balazo mortal.

Sin pruebas físicas en el expediente que hubieran generado que alguno de los fiscales que intervino en el caso dictaminara por la hipótesis del homicidio que plantean las querellas, continúan latentes las posibilidades de que se hubiera tratado de un suicidio o de un suicidio inducido.

En concreto, la medida ordenada por Palmaghini abarca a la ex presidenta, al ex jefe de Gabinete, al ex canciller Héctor Timerman; al ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; a los diputados Andrés Larroque y José Ottavis; al ex jefe del Ejército César Milani y al dirigente social Luis D’Elía.

El requerimiento realizado a distintas compañías telefónicas incluye además los nombres de dirigente de la comunidad iraní Alejandro Khalil, el ex juez Yrimia y el líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche.

A pedido de Lanusse, la magistrada también solicitó que le sean enviados los registros escritos y de cámaras de seguridad de ingreso y egreso de la Quinta Olivos entre el 11 y el 20 de enero de 2015 y las filmaciones de los movimientos interiores de la residencia presidencial.

Los pedidos realizados por los representantes legales de Sara Gafunkel, madre de Nisman, apuntan contra funcionarios del gobierno anterior a quienes, sin explicitarlo, responsabiliza por la muerte del fiscal que encabezaba la UFI-AMIA.

El 1 de marzo, la jueza Palmaghini se declaró incompetente porque consideró que la correspondencia de Nisman había sido vulnerada por lo que correspondía que el caso pasara a la justicia federal, algo que rechazó la Cámara de Casación porteña tras la apelación defensa de Lagomarsino.

Tanto los abogados de la madre de Nsiman, como su ex mujer, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, sostienen que la muerte del fiscal estuvo relacionada con el desempeño de sus funciones públicas.

Cuatro días antes de morir, Nisman había denunciado a la entonces presidenta y a un grupo de funcionarios de impulsar la firma del memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la casua AMIA, para encubrir a los ciudadanos iraníes imputados en el atentado.