El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires implementó una nueva política criminal para el abordaje de los casos de violencia de género.

Entre los puntos centrales se destacan la revisión obligatoria del archivo de los casos más graves por parte de las Fiscalías de Cámara y el abordaje del incumplimiento de deberes de asistencia familiar como una forma de violencia económica y patrimonial.

Además se prevé la ampliación de la competencia de las Fiscalías Especializadas, que van a investigar como casos de violencia de género los delitos y contravenciones cometidos contra Mujeres y Personas LGBTIQ+.

Según se informó, la nueva estrategia prevé un enfoque integral que incorpora una perspectiva feminista transversal que permite contemplar las características específicas de cada caso, un abordaje interdisciplinario que promueve la intervención de diferentes profesionales especializados en la materia, y una política basada en la evidencia de los datos empíricos.

Acciones clave

En tal sentido, se destacan 10 acciones clave: 

• Criterios para impulsar la acción penal. Los casos se deberán analizar en función de la gravedad de las conductas, el contexto de violencia, las circunstancias particulares de las víctimas y de las personas agresoras

De esto modos, las Fiscalías Especializadas adoptarán sus decisiones a partir de una ponderación estricta de estos elementos, con el propósito de asegurar la efectividad de la respuesta penal en aquellos casos en los que ésta resulte la mejor respuesta estatal.

Pero además las Fiscalías de Cámara deberán revisar el archivo de las causas más graves que se decidan en las Fiscalías Especializadas de primera instancia, para evitar el cierre prematuro de dichos casos.

Además, el incumplimiento de deberes de asistencia familiar se tratará como una forma de violencia económica y patrimonial, que permitirá detectar mecanismos de control a través del uso de dinero y otros medios materiales.

Asimismo, permitirá priorizar la situación de las mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Más fiscalías

• Ampliación de la competencia de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, que van a investigar como casos de violencia de género los delitos y contravenciones cometidos contra Mujeres y Personas LGBTIQ+.
• Incorporación de nuevas pautas para analizar la declaración de las víctimas, evitando su revictimización, y con la debida intervención de un equipo interdisciplinario.

• Implementación de la suspensión del proceso a prueba (probation), siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la víctima y se reúnan las condiciones necesarias. 

• Creación de la Guía General de Actuación en Violencia de Género, para uniformar el trabajo de todos los equipos del Ministerio Público Fiscal.

Un protocolo

• Aprobación del Protocolo para la Investigación y el Litigio de los Casos de Femicidio y Otros Crímenes por Razones de Género, Orientación Sexual, Identidad de Género y su Expresión.
• Este documento es una adaptación del Protocolo UFEM, pero incluye una ampliación de las directivas y recomendaciones allí previstas para el abordaje de las violencia contra las personas LGTBIQ+.
• Prevé pautas para la clasificación de los casos, el desarrollo de las investigaciones; la interpretación y aplicación de la normativa nacional e internacional; el análisis de los contextos específicos; estrategias de litigio y de abordaje de las víctimas.
• Desarrollo de líneas de litigio estratégico. Se seleccionarán casos específicos que sean ejemplificadores para erradicar conductas violentas y estereotipos de género.
• Política de Seguimiento, Control y Evaluación de la implementación de las decisiones de política criminal.Esta decisión se inscribe en una línea de trabajo estratégica de la institución, que busca afianzar sus decisiones en materia de política criminal sobre la base de datos y evidencias empíricas. Ello se efectivizará a través de la producción de informes periódicos para analizar cuantitativa y cualitativamente el trabajo y el desarrollo de métodos participativos que incluyan a todas las áreas y sectores involucrados. De esta forma se podrán proponer mejoras inmediatas y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia.