Macri involucra a las fuerzas armadas.

El Gobierno decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales y de seguridad y autorizó a la Fuerza Aérea al derribo de aviones no identificados que ingresen en espacio aéreo después de la aplicación de un protocolo.

El derribo de aviones fue uno de los caballitos de batalla de Sergio Massa durante la campaña electoral, lo que demuestra la sintonía entre el PRO y el Frente Renovador en un tema marketinero como lo es la lucha contra el narcotráfico.

El derribo de aviones surge de la declaración de la emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina, por el plazo de un año, con el objetivo de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico;.

La medida, que se conoció por la tarde y puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que establece el decreto, «va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves».

El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).

Del mismo modo se refiere a los delitos relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Además consigna los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).

El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.

También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.

Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.

A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.

También dispone el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014. El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino.

Este es uno de los puntos que genera más controversia porque involucra a las Fuerzas Armadas en tareas policiales, como lo es la lucha contra el narcotráfico, por lo que fue cuestionada por organismos de derechos humanos.