| La Pampa

Piden que vayan a juicio oral un intendente y un comisario por explotación sexual

Fueron acusados el jefe comunal y el policial de la localidad de Macachín. En Lonquimay ya fue condenado el intendente por trata y explotación sexual.

El intendente fue acusado por la fiscalía.

El intendente fue acusado por la fiscalía.

Era una forma de operar que parece repetirse en todos los pueblos de las provincias de La Pampa y de Buenos Aires. Cabarets, wisquerías, discotecas, como se las quiera llamar. Fachadas que en realidad esconden el verdadero negocio de la prostitución, con la complicidad oficial.

Y pese a que es una realidad conocida son pocos los casos en los que la Justicia avanza. La fiscal federal Adriana Zapico pidió que vayan a juicio oral Jorge Luis Cabak, intendente de la localidad pampeana de Macachín, y Hugo Mario Iglesias, ex comisario de esa localidad.

Los dos fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario públicos en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios, por haber permitido la explotación comercial de un histórico cabaret situado en esa localidad, donde se ejercía la prostitución.

Es el segundo caso en que un intendente y un jefe policial pampeanos son acusados de complicidad en la trata y explotación sexual. En junio de este año fue condenado el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, a cinco años de prisión, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

En ese juicio también fueron condenados el comisario Carlos Alanis y el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Este fue considerado autor principal del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de acogimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el caso de Macachín, la investigación se centró en el cabaret La Chicho Show, donde se constató que existían habitaciones donde las mujeres ejercían la prostitución y los dueños del local se quedaban con una parte del dinero, que es lo que se castiga.

El cabaret ya había salido en los medios, cuando se realizó un allanamiento en diciembre de 2015, para buscar a Marita Verón, la mujer tucumana que fue secuestrada por una banda de esa provincia dedicada a la trata y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

La madre de Marita, Susana Trimarco, se convirtió en un referente de la lucha contra la trata y consiguió que los acusados de secuestrar a su hija, el clan de los hermanos Alé, fueran condenados en un juicio en que se probó la complicidad de la política.

La fiscal Zapico consideró que el intendente Cabak “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local nocturno ‘La Chicho Show’ no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”.

La fiscalía sostuvo también que Cabak  “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad y de los propios dichos de Iglesias puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.

“A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de ‘La Chicho Show’ – en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga ‘pases’ – cabe preguntarse ¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias”, concluyó Zapico en su dictamen, según informó el sitio Fiscales.

Según se agregó, la causa se inició “el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en  la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”. El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería “Chicho Show” y con un tercer local también bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.