Un fiscal pidió que se condene a nueve años de prisión al hermano del relacionista público «Gaby» Alvarez, acusado de liderar una banda que enviaba cocaí­na y éxtasis a España escondidos en esquí­es, informó hoy la Procuración General de la Nación.
La solicitud fue formulada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martí­n por el fiscal Marcelo Garcí­a Berro, quien solicitó penas de prisión para cinco de los siete acusados de haber conformado la organización.
El representante del Ministerio Público entendió que los máximos responsables de la banda son Ariel Alvarez, hermano del relacionista público, y Bernabé Moschella.
Para ambos, solicitó nueve años de cárcel al considerarlos coautores del delito de «organización y financiamiento del tráfico de estupefacientes, con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas».
Para Fernando Secco, otro de los acusados, el fiscal solicitó siete años de prisión por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometer el hecho, y una multa de 15.000 pesos».
Finalmente, para Daniel Marcelo Di Paola y Esther Esperanza Basso pidió penas de tres años y de dos años y seis meses de prisión, respectivamente, mientras que solicitó que Esteban Roque Neme y Ricard Puig Pastor fueran absueltos.
La causa se inició luego de que el 5 de marzo de 2014, la Policí­a Federal, tras una investigación de varios meses, allanó diversos domicilios donde se secuestraron 24 kilos de cocaí­na, 1234 comprimidos de MDMA o éxtasis y 5 kilos y medio de polvo de la misma sustancia.
En el operativo conocido como «Sky-mal», además, se hallaron siete pares de tablas de esquí en los que se iban a mandar un kilo de droga por cada una, es decir un total de 14 kilos.
En su alegato, el fiscal precisó que tanto Alvarez como Moschella «eran quienes organizaban y financiaban las actividades de tráfico de estupefacientes», cuyo objetivo final era la introducción de la droga para ser comercializada en España.
García Berro mencionó la gran cantidad de escuchas telefónicas que se realizaron en la causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y destacó que estos imputados tenían «el poder de custodia y de disposición sobre la totalidad de la droga encontrada».
En cuanto a Secco, Garcí­a Berro especificó que era quien a pedido de los dos anteriores tenía en su domicilio parte de la droga, la cual «iba a ser disimulada y acondicionada dentro de esquí­es para su transporte al exterior, donde serí­a comercializada».
Secco y un prófugo que hay en el expediente «eran los encargados de dicha tarea artesanal», destacó el fiscal.
En el caso de Di Paola, García Berro entendió que no se pudo probar que fuera integrante de la organización y por eso sólo pidió una pena menor por tenencia simple de estupefacientes.
Lo mismo ocurrió con la imputada Basso, quien el fiscal consideró que habí­a prestado «colaboración a uno de los coautores del hecho», en calidad de partí­cipe secundaria de tráfico de estupefacientes.
Luego, pidió la absolución de Neme y del español Puig Pastor por falta de pruebas.
Para el fiscal, sí había pruebas de que la droga había sido llevada por otro español, Daniel Herrera Zarzosa, quien apareció ahorcado en el penal de Devoto el año pasado en circunstancias aún no aclaradas.
El fiscal también solicitó el decomiso de los inmuebles y vehí­culos que la banda utilizaba para ejecutar su actividad y que los imputados Moschella, Alvarez y Secco sean investigados por «lavado de activos».