| Juicio oral

Piden 11 y 10 años de prisión para Jaime y Schiavi por la tragedia de Once

El fiscal también pidió condenas para los empresarios y para el maquinista que chocó la formación. La semana próxima será el turno de los alegatos de las defensas de los 28 imputados. Luego será la sentencia.

El juicio entró en su etapa decisiva.

El juicio entró en su etapa decisiva.

El fiscal federal Fernando Arrigo pidió ayer condenas de entre tres años y ocho meses y 10 años y 11 meses para imputados en el choque de trenes de Once que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas.

El representante del Ministerio Público pidió a los jueces que condenen a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (a quién se le unificó el pedido a raíz de una sentencia previa en suspenso de seis meses de prisión) y Juan Pablo Schiavi.

En el caso de Jaime, Arrigo requirió 11 años, mientras que para Schiavi diez años y diez meses , ambos por el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el estrago culposo agravado. En tanto, que para el maquinista Marcos Córdoba el representante del MPF postuló tres años y ocho meses de prisión por considerarlo autor penalmente responsable de estrago culposo agravado.

Respecto del motorman de la formación Chapa 16, que chocó contra el andén de la terminal de trenes, el fiscal entendió como agravante la «gravedad del hecho» y la «naturaleza de su conducta», que fue según el alegato fue imprudente y negligente.

Sin embargo, a favor del maquinista Arrigo entendió que debía considerarse su nivel de educación y su «situación socioenonómica», que derivaba en una «reducción de su capacidad de autodeterminación y así la aceptación del modo de trabajo» al que lo sometía la empresa.

Para el empresario Sergio Cirigliano, titular de la ex concesionaria TBA, el fiscal pidió diez años y once meses de prisión.

Para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi reclamó una condena de diez años y diez meses de cárcel por «estrago culposo agravado por lesiones y muerte» y «defraudación a la administración pública por administración fraudulenta».

Arrigo consideró que «la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer».

Para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, reclamó diez años y seis meses y diez años de prisión respectivamente.

El fiscal pidió además penas de entre nueve años y diez años y seis meses de prisión para todos los procesados que integraban el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans.

Para todos los imputados, el representante del MPF requirió inhabilitación de entre dos y diez años, tal como establece el artículo 20 bis del Código Penal. El juicio se reanudará el próximo 5 de octubre con el inicio de los alegatos de las defensas.


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