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Pese al pataleo de jueces y diplomáticos, el Gobierno avanza con el plan para derogar jubilaciones de privilegio

La ministra de Justicia dijo que el régimen actual genera un déficit de 9200 millones de pesos anuales. Diplomáticos y jueces rechazan la iniciativa.

La ministra y el Presidente avanzan pese a todo.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, justificó hoy el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para modificar el régimen especial jubilatorio del sector judicial, al destacar que “se trata de reducir inequidades en el sistema previsional”, y dijo que esta situación genera un “déficit de 9.200 millones de pesos”.

Losardo afirmó que que aquellos jueces que no estén de acuerdo con el proyecto “pueden recurrir a la Justicia”, pero advirtió que la iniciativa se va a debatir en el Congreso, “que es el camino institucional para discutir nuestras leyes”.

Al explicar la iniciativa, la funcionaria afirmó -en declaraciones a radio La Red- que uno de los cambios principales radica en el cambio del cálculo que se realizará para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

Actualmente, el cálculo se realiza en base al 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado.

“Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon, y quiere decir que, si yo fui durante cinco años juez de primera instancia, y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso, se hace un promedio que, luego, se va a actualizar al momento de que se jubilan. Por lo tanto, a mí no me parece tan tremendo”, aseguró Losardo.

Inequidades del sistema

“El proyecto busca reducir las inequidades en el sistema previsional, ocasionada por estos regímenes especiales. El problema es cuando no alcanza el dinero, como ahora, que hay un déficit increíble. De los 7.000 beneficiarios en el sector judicial, hay un haber promedio de 289.000 pesos, y otros que cobran 770.000 pesos”, graficó.

La funcionaria ejemplificó que, “quizás, un juez que se jubilaba con un haber de 770 mil pesos, ahora lo va a hacer con uno de 720 mil pesos”.

Explicó también que otro de los cambios para acceder al beneficio será el requisito de haber prestado 30 años de servicio, de los cuales 20 tienen que ser en el Poder Judicial, con 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos.

También, la iniciativa iguala la edad mínima de retiro en 65 años para hombres y mujeres.

No esperan retiros

“No entiendo por qué acá algunos hablan de un tema de género si justamente estamos luchando por la igualdad y creo que, a los 65 años, podemos trabajar las mujeres. Acá estamos reformando el sistema judicial y una persona puede elegir si jubilarse a los 65 o a los 70, cuando quieran”, subrayó la funcionaria.

Negó además, ante las críticas de sectores del ámbito judicial, que el Gobierno espere que una ola de magistrados apuren su retiro para iniciar los trámites antes del cambio de régimen.

En tanto, Losardo insistió con que “este proyecto busca reducir las inequidades en el sistema previsional”, ya que “era imposible sostener el régimen cómo está, con un déficit de 9.200 millones de pesos”.

Por otra parte, Losardo explicó el sentido de la decisión de revisar pliegos de candidatos a jueces enviados por la gestión de Mauricio Macri vacantes: “Queremos ver quiénes son y puede ser que se saquen a unos y se pongan a otros, siempre y cuando no ofrezcan la calidad que se necesita”, planteó.

Rechazo de los jueces

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, consideró hoy que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que modifica el régimen jubilatorio para jueces y fiscales “tiene un montón de componentes que lo llevan a la declaración de su inconstitucionalidad”.

“Queremos que salga un proyecto modificatorio pero con parámetros razonables y no éstos, que tienen un montón de componentes que lo llevan a la declaración de su inconstitucionalidad”, sostuvo el jefe de la asociación y titular del Juzgado Civil 17.

Consultado sobre si los magistrados irán a la justicia en caso de aprobarse la ley sin modificaciones, Gallo Tagle dijo que “necesariamente” presentarán reclamos “pero por una simple razón: viola todos los antecedentes jurisprudenciales que existen sobre la materia”.

En declaraciones a radio El Destape, el juez aseveró que le parece “de toda corrección que la Corte Suprema de Justicia no se expida sobre el tema, porque es un órgano que muy probablemente tenga que resolver la cuestión en última instancia, ergo, si emite opinión sería un problema”.

“El tema de nuestras jubilaciones está recién iniciándose y esperamos poder participar de la discusión”, añadió. Por otro lado, aseveró que estaban “dispuestos a conversar” sobre un aumento “progresivo” de la edad jubilatoria para jueces y fiscales, incluida en el proyecto enviado.

En ese sentido, Gallo Tagle consideró que una eventual modificación al respecto “debería hacerse en forma progresiva”. “Somos conscientes y queremos poner el hombro en el contexto de la situación económica de la Argentina”, afirmó.

Rechazo de los diplomáticos

También los diplomáticos expresaron su rechazo a la modificación de su régimen previsional. Lo hicieron a través de una carta abierta dirigidad al canciller Felipe Solá, que arranca con una cita de Juan Domingo Perón.

El texto es el siguiente:

El Presidente Perón decía que la política es la política internacional, y que lo demás era sólo administración.

Por eso acompañó el proyecto de la futura Ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación con un mensaje meditado y completo, donde abogó por un cuerpo diplomático de carrera estable y profesional, que permitiese alcanzar una política exterior autónoma y soberana.

Por eso mismo, también, propuso que el Servicio Exterior tuviera características especiales dentro de la Administración Publica, y contara con “un régimen previsional adecuado a las peculiaridades y necesidades propias del sector”.

Es evidente que el Presidente Perón entendía muy bien que los diplomáticos son un cuerpo estratégico dentro del Estado; que no son privilegiados, sino trabajadores sometidos a condiciones laborales atípicas; con estrictas incompatibilidades; y que cuestiones como el desarraigo, la dedicación exclusiva, la posibilidad de ser convocados al servicio activo en cualquier momento y la imposibilidad de trabajo y aportes para sus cónyuges, entre otras, los afectan tanto a ellos como a sus familias a lo largo de toda su vida y ameritan consideraciones especiales.

También sabía que un Servicio Exterior profesional, pequeño y bien pago es difícil de cooptar por sectores económicos concentrados y potencias extranjeras; y que constituye una herramienta fundamental para alcanzar una política exterior soberana.

Es con ese espíritu que intentamos conversar con usted sobre las distintas alternativas que se planteaban con motivo del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo que prorrogó el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Nación para considerar la modificación del Régimen previsional específico del Servicio Exterior de la Nación.

Nos movió en esa dirección lo manifestado en reiteradas oportunidades por el Presidente de la Nación, en el sentido que el diálogo y la concertación social con empresarios y sindicatos serían los ejes de su gobierno.

Lamentablemente hasta la fecha no hemos sido oídos, a pesar de insistentes reclamos de nuestra parte.

Ahora bien, el gobierno ha decidido enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley, que cuenta con su firma, que afecta sustancialmente al régimen específico del Servicio Exterior  de la Nación y a sus potenciales beneficiarios. Más aún, sin dejar de reconocer que el régimen especial no constituye un privilegio, avanza sobre la condición previsional de los integrantes del Servicio Exterior, mediante la “progresiva unificación de dicho régimen con el régimen general instituido por la Ley Nº 24.241”.

Señor Canciller, los trabajadores diplomáticos comprendemos muy bien la difícil situación económica por la que atraviesa la Argentina y es por ello que en cada ocasión que se planteó una posible modificación del régimen previsional, nos manifestamos a favor del diálogo y dispuestos a colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera. Por eso reiteramos este temperamento y aspiramos a poder transmitirle nuestra posición sobre el proyecto de ley que se debatirá próximamente en el Congreso de la Nación.