El juez tiene otra causa en su contra.

Por Rafael Saralegui.

La espada de Spartacus amenaza otra vez al juez federal Norberto Oyarbide. Los legisladores radicales e integrantes del Consejo de la Magistratura Oscar Aguad y Mario Cimadevilla presentaron un escrito ante el presidente del organismo Alejandro Sánchez Freytes en el que retoman una presentación realizada por el ex diputado peronista César Arias, ex presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Arias sostiene, y así lo retoman Aguad y Cimadevilla, que Oyarbide fue absuelto en el juicio político que le realizó la Cámara de Senadores en 2001 sólo por el cargo de mal desempeño en sus funciones, pero que dejó de lados las acusaciones que se le habían hecho en la Cámara de Diputados por delitos comunes vinculados con el prostíbulo Spartacus.

Oyarbide fue absuelto por el Senado, gracias a una mayoría justicialista, en la noche del 11 de de septiembre de 2001, cuando el mundo todo estaba conmovido por el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, y cuando la mirada del periodismo argentino estaba dirigida en forma dramática hacia los Estados Unidos.

El juez federal se vio envuelto en el escándalo de Spartacus debido a que en ese entonces estaba en pareja con Luciano Garbellano, luego devenido en empresario teatral. Hubo amenazas de muerte y un atentado a tiros contra Garbellano que resultó herido en una nalga. En ese momento algunos periodistas, como Joaquín Morales Solá, quisieron ver en las acusaciones contra Oyarbide una persecución originada en sus preferencias sexuales. Nada más alejado de la realidad.

Oyarbide frecuentaba Spartacus, un prostíbulo gay de alto nivel y utilizaba sus servicios en forma gratuita. La sospecha es que el local, donde se ejercía la prostitución, contaba con la protección de la Policía Federal y del propio magistrado, según quienes investigaron el caso.

Como bien reseña el ex diputado Arias, las imputaciones a Oyarbide eran las siguientes:

1.- Violación del Reglamento de la Justicia Nacional al concurrir asiduamente al local Spartacus, comprometiendo la dignidad de su investidura;

2.- Omisión de denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución;

3.- No haber denunciado el tráfico de influencias que, en su nombre, se efectuaron para obtener distintos beneficios;

4.- La extrema vulnerabilidad de la situación en que se encontraba, que permitió ser víctima del delito de extorsión;

5.- El enriquecimiento ilícito por sobrepasar, en exceso, los gastos en relación a los ingresos percibidos;

6.- Haber incurrido en presunto delito de amenazas en el restaurante a donde concurría.

Esas imputaciones habían quedado demostradas en la investigación que habían llevado adelante el fiscal José María Campagnoli –ahora suspendido por haber investigado el empresario Lázaro Báez- y el juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary.

En la presentación que realizaron Aguad y Cimadevilla argumentan que el Senado no trató las acusaciones referidas por Arias, por lo que el juez debería ser sometido por el Consejo de la Magistratura a un juicio político sin más dilaciones, ya que sólo resulto absuelto por mal desempeño.

El magistrado viene de capa caída ya que tiene un pedido de enjuiciamiento por haber frenado un allanamiento en una financiera a pedido de un funcionario del Poder Ejecutivo. Una salida posible, algo que se menciona en Tribunales, es que decida jubilarse y abandonar de una vez el edificio de Comodoro Py.