Martins vive en México.

Más vale tarde que nunca. Siete años después de iniciada la causa, la jueza federal Maria Servini pidió la captura internacional de Raúl Martins, el ex agente de la SIDE acusado de liderar una red de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires con el amparo de la Policía Federal, los espías y los funcionarios porteños. La propia hija de Martins sostuvo que su padre había financiado la campaña de Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno después de ser presidente de Boca.

Martins está acusado de liderar una asociación ilícita que explotaba mujeres mediante el ejercicio de la prostitución, es decir, se quedan con parte del dinero obtenido por las mujeres. Por eso se lo acusa además de lavado de dinero. El pedido de arresto internacional fue girado por Servini a Interpol. De concretarse el arresto, Martins tendría que ser extraditado de México, donde vive hace años, a la Argentina.

“Este conjunto de hechos sólo podría llevarse a cabo a través de la impunidad que a Raúl Martins y los restantes miembros de la organización les garantizaba la protección de funcionarios estatales, situación palmaria por las relaciones que se probaron (…) con miembros del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad federales y provinciales y de la ex municipalidad de Buenos Aires”, escribió la jueza cuando dictó los procesamientos de los integrantes de la banda.

Según el auto de procesamiento de la jueza federal, las tareas investigativas desplegadas por la Gendarmería Nacional Argentina permitieron establecer que “los bares funcionaban como prostíbulos donde distintas mujeres ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Esto era organizado, tanto por Raúl Luis Martins como líder de la misma y Leandro Daniel Taboada como por Mario Oscar Ozan, quienes se embarcaron en un emprendimiento comercial ilícito que tenía por objeto principal la explotación sexual de distintas personas mayores de edad en Avda. Juan B. Justo Nro.5302, Vicente López Nro.2257 y Anchorena 1119”.

Un informe de la Gendarmería incorporado en la causa refiere que “se pudo determinar claramente que la whiskería funciona como una casa de citas manejada por los dueños del lugar. Esto fue constatado directamente por los investigadores a quienes la persona que se encontraba en la caja registradora les manifestó que en ese momento no tenía “chicas” disponibles e intentó comunicarse con las “chicas” por celular, diciendo que no se presentaron a trabajar y que la única disponible se encontraba sentada con un cliente. Además, luego de esto el personal de gendarmería vio como el cliente le entregó un dinero a la “chica” y que esta se lo dio a quien estaba en la caja registradora y la había señalado como una de las trabajadoras sexuales”.

Aunque las mujeres entrevistadas no reconocieron ser explotadas, esto no debe sorprender porque pueden haber sido aleccionados o amenazadas para declarar sin involucrar a los explotadores. “Todo esto también fue corroborado por las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, las que concluyeron que “resulta llamativo que la mayoría haya señalado asistir al local en calidad de clientas, a fin de concurrir a ´tomar algo´ con amistades u otras personas, aunque al momento de la intervención, ninguna se habría encontrado acompañada. Cabe señalar que resulta frecuente que las mujeres es situación de prostitución presenten relatos que podrían haber sido aleccionados por quienes obtendrían alguna ganancia económica de la misma, o temores ante la posibilidad de perder su fuente de ingresos económicos o que la intervención les ocasiones estigmatización y discriminación que la misma conlleva”, sostiene el procesamiento.

Consultada por Página12, Lorena Martins celebró el fallo y al mismo tiempo criticó la lentitud de la Justicia: “La decisión judicial llega con mucho retraso en una causa que tuvo presiones políticas y de otros sectores de poder para que avanzara la investigación. Aún si luego de tantos años se consigue por fin que emitan la orden de detención. Solo queda esperar que se cumpla la orden judicial y se activen los mecanismos del estado para solicitar a México la extradición. Veremos ahora si siguen protegiendo a mi padre o si por fin se hace justicia”.

En concreto, el procesamiento, embargo y orden de captura para Martins es por “haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como bar/café/whiskería”.

En su momento Servini, basó el pedido de prisión preventiva en “las características de los delitos inculpados y la pena con la cual se encuentra reprimido”, mayor a los ocho años de prisión. La jueza había considerado que si lo mantiene en libertad, Martins “intentará burlar la acción de la justicia y entorpecer la marcha de la investigación”, sin embargo no había ordenado detenerlo en suelo mexicano. Si bien ya pesaba sobre él un pedido de captura internacional, sería efectivo sólo si pisaba territorio argentino. Ahora, con el respaldo y la disposición de la Cámara, la magistrada finalmente ordenó su detención internacional, en línea con lo que venían reclamando los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría especializada en el combate de la Trata y la Explotación de Personas (Protex) y de la querella a cargo de la organización La Alameda.

«Martins ha construido esta red de prostíbulos con trata de.mujeres y niñas para la esclavitud sexual porque le garantizó una fortuna e impunidad para extorsionar o financiar al poder político. Ahora retirado su mayor respaldo del gobierno nacional la Justicia actúa. Ya tarde. Ahora esperemos que actúen con celeridad las autoridades mexicanas y sea extraditado. Porque además tiene que rendir cuentas por lavado de activos y que todos sus bienes y fortunas sea devuelto a las víctimas o reutilizado socialmente por el Estado que se encuentra con sus cuentas en rojo total con un pueblo hambreado» aseguró Gustavo Vera titular de la Fundación Alameda y único querellante en la causa contra Martins.