Por orden del juez del juez federal Claudio Bonadio, ayer se realizó un operativo en la Inspección General de Justicia (IGJ), el ente que regula la actividad de las sociedades comerciales: la Justicia fue en busca de la documentación financiera que la empresa Hotesur, que controla los hoteles de la familia Kirchner, presentó allí en las últimas semanas.

«A través de Hotesur, los Kirchner manejan su hotel más grande, el Alto Calafate. Ese negocio fue administrado hasta el 2013 por el empresario Lázaro Báez, quien fue acusado de haber alquilado durante meses cientos de habitaciones del hotel que finalmente nadie ocupó, una maniobra que suelen realizar quienes buscan blanquear fondos ilegales», informa el diario Clarín.

Según el diario, anoche circuló la versión de que la Justicia también había allanado oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero los investigadores judiciales fueron muy herméticos al respecto.  Esta última empresa estatal está involucrada en la trama Hotesur porque la tripulación de sus aviones que llega cada día a El Calafate duerme en el Alto Calafate.

«Además de estudiar si Hotesur se usó para lavar dinero, la Justicia quiere saber si el contrato con la aerolínea del Estado que administra la dueña del hotel patagónico -Cristina Kirchner-, se ajusta a derecho. El representante legal de la familia K en ese negocio es el hijo de la Presidenta, Máximo», agrega el diario.

En noviembre del año pasado, el juez Bonadio ya había allanado la IGJ para recolectar los papeles de Hotesur. Ayer el magistrado volvió a exigirle al ente que entregue documentación de la compañía. La familia presidencial dejó trascender que había registrado ante ese ente los últimos balances contables su hotel que hasta ese momento habían evitado entregarle al Estado.