La empresa admitió que pago 35 millones de dólares de coimas.

Una de las causas que involucra a la empresa Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos en la Argentina por 35 millones de dólares, comenzó tener movimientos de importancia: el fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a 29 personas entre ex funcionarios y ejecutivos de empresas que participaron en licitaciones públicas.

En la causa a cargo de Casanello se investiga las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de dos obras: la planta potabilizadora de agua potable de Tigre y la de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui. La primera quedó en manos de una UTE integrada por Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone-Construcciones Civiles y Supercemento; la segunda fue adjudicada al consorcio de empresas Camargo Correa SA y Esuco.

El principal imputado en la causa es Carlos Ben, ex titular de AYSA, la empresa pública dedicada a proveer agua potable y clocacas. Ben siempre fue un hombre cercano a José Luis Lingeri, titular histórico del sindicato del sector. La causa se inició por una denuncia anónima que llegó al fiscal Carlos Stornelli y decía que Ben era titular de cuatro empresas, a través de familiares o testaferros, que había usado para canalizar el pago de sobornos de las obras contratadas por AYSA.

Hace apenas diez días el juez Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Carlos Ben y de su grupo familiar y también dispuso que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) realice una investigación patrimonial de Ben y de su grupo familiar, bajo la sospecha que podrían haberse derivado allí fondos provenientes de las coimas.

En el dictamen que presentó al juez, Delgado se basó en los informes de auditoría realizados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que determinaron el sobreprecio de las dos obras y el incumplimiento en las fechas de ejecución previstas, que superaron ampliamente los tiempos previstos.

«Lo que iba a salir $ 2.293.323.243,33 originalmente previstos para la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, nos costó finalmente $ 5.150.390.531,94» y «lo que nos iba a salir $ 398.152.391,91, originalmente previstos para la Planta Depuradora de Berazategui, costó $ 658.407.693,42». Para esos incrementos, se recurrió al mecanismo de adendas, destacó el fiscal, que concluyó que «la ley fue un instrumento para tapar delitos».

Para la fiscalía, las ofertas de ambas obras, “reflejan sobrecostos de un 13% en el caso de Berazategui y un 23% en el de Paraná de las Palmas. Ello en comparación con lo previsto en los pliegos de AySA revisado por los auditores”.

Por eso al pedir la indagatoria, Delgado reclamó al juez que llame a declarar a todos los funcionarios que firmaron las adendas así como a los ejecutivos de la compañías que habían sido adjudicatarias de las obras. El fiscal consideró que Odebrecht y Camargo Correa replicaron en la Argentina lo mismo que hicieron en Brasil según se reveló en la causa del Lava Jato: pago de sobornos para resultar favorecidos en las adjudicaciones y que además simular competir, aunque en realidad acordaban los precios.

Según el dictamen de Delgado, «los directivos de AySA se contactaban con los representantes de Odebrecht por la adjudicación de la construcción de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas» y «entre los correos electrónicos obtenidos por la justicia brasileña surgía el nombre de Raúl Biancuzzo, director de Operaciones de AySA».

En otro pasaje de su escrito, el fiscal señaló que el ex secretario de Obras Públicas José López se reunió en su despacho con Mauricio Couri Ribeiro, «una de las personas que articuló el pago de sobornos para la firma Odebrecht», por intermedio «indirectamente a través de Jorge Rodríguez, alias ‘Corcho'».

En la larga lista de imputados, el fiscal incluyó a Guillermo Enrique Wagner, titular de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, entre otros. También pidió que sean indagados Roberto José Feletti, a Ricardo López Antonelli, a Roberto Fabián Ríos, a Esteban Alejandro Acerbo y a Enrique Osvaldo Arceo, “quienes ejercieron la presidencia de Nación Fideicomiso durante el lapso temporal de los hechos investigados”. Nación Fideicomisos suscribió con AySA un contrato del que resultaron beneficiarias las empresas que integraron las UTE que ganaron las dos licitaciones sospechadas.