Muy comentada fue la nota presentada en la gobernación bonaerense para pedir a María Eugenia Vidal que anule el decreto por el cual designó a César Albarracín como fiscal de casación adjunto.
Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del ministerio de Justicia de la provincia y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense y su nombramiento fue cuestionado por un colectivo de organismos de defensa de los derecho humanos.